Posted by Fabián Salvioli es Relator Especial de Naciones Unidas para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, y tiene una amplia trayectoria en materia de derechos humanos. En el año 2022 publicó el libro “La edad de la razón: el rol de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos y el valor jurídico de sus pronunciamientos”.
En diálogo con NODAL, destaca los principales avances y retrocesos en América Latina en materia de justicia y derechos humanos, el rol de los estados y de los organismos internacionales y los principales desafíos para la construcción de democracias participativas.
¿Qué avances y retrocesos observa en América Latina en materia de justicia, reparaciones y garantías de no repetición?
Los procesos de verdad y justicia son siempre complejos porque implican el cómo abordar un pasado en el cual se han cometido violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos, en ese sentido, los distintos países pueden atravesar por periodos de mayor o menor factibilidad política de acuerdo a situaciones internas. Sin embargo, son obligaciones que tienen los estados de cara a sus sociedades y que derivan de los deberes internacionales fijados en los instrumentos de derechos humanos de Naciones Unidas y del sistema interamericano. La mayor dificultad que yo observo, en términos genéricos, es la falta de políticas de Estado sostenidas en el tiempo en esta materia, donde dependiendo del tipo de gobierno se impulsan más o se dejan estancadas.
El ejemplo más exitoso de la región es, sin duda, el proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina, que es un proceso integral. Y eso se debe a una serie de factores, fundamentalmente a la presencia de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales muy activas en la materia, y al hecho inédito de haber roto la impunidad con los juicios a los comandantes en la década del 80 y, posteriormente, con la anulación de las normas de impunidad a partir del inicio de este siglo.
En otros países hay intentos, como Honduras en este momento, de retomar una agenda que estaba perdida en materia en verdad, justicia y reparaciones. En otros, si bien hubo algunos avances valiosos, como puede ser en Brasil durante los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff, el ataque del gobierno de Bolsonaro a la Comisión de la Verdad y a toda la política de derechos humanos implicó un retroceso que hay que volver a recuperar.
Creo que el mayor déficit en América Latina sigue estando en las rendiciones de cuentas, es decir, en llevar ante la justicia a los responsables de esas más graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, y en otros casos, se ha fallado en mecanismos de no repetición, lo que se ve en los hechos frente a las protestas sociales que hubo en Chile hace algunos años, donde la actuación de la policía chilena lamentablemente no tuvo nada que envidiar a cómo se actuaba en la época de Pinochet.
¿Cuál es el rol de los estados y de los organismos internacionales para fortalecer las democracias?
Los organismos internacionales de tutela de derechos humanos están para supervisar si los estados cumplen sus obligaciones internacionales fijadas en los instrumentos de derechos humanos. Esto deriva en un apoyo a la democracia sustancial, y es lo que dicen las propias Constituciones nacionales. De allí que el grado de democracia de un Estado bien puede medirse en buena medida conforme a cuánto los gobiernos cumplen con los pronunciamientos de los órganos internacionales en la materia.
Hubo una buena cantidad de pronunciamientos que han tenido que ver con derechos electorales, tanto en el sistema interamericano, como en el sistema de Naciones Unidas, que van a un aspecto central de la democracia que tiene que ver con el ejercicio del derecho al voto y la participación política. Pero, por fuera de esa cuestión central, todos los pronunciamientos de los órganos internacionales de derechos humanos contribuyen a la consolidación de la democracia en los países. Ahora bien, los gobiernos deben asumir la obligación de cumplir con esas disposiciones, y sería muy sano que en la región se establezcan leyes concretas de implementación de este tipo de decisiones.
Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en casos individuales supervisa si ha existido violación del Pacto de derechos civiles y políticos en perjuicio de alguna persona y, cuando así lo determina, indica las medidas que deben tomarse para reparar esas violaciones de derechos humanos. Esas decisiones son absolutamente obligatorias y vinculantes.
En el último tiempo se vienen desarrollando conflictos complejos que atentan con las democracias en América Latina, como es el caso de la violenta represión de la protesta en Perú o el intento de golpe de Estado en Brasil. ¿Cuáles son las acciones y decisiones que permitirían establecer ciertos marcos jurídicos para fortalecer y construir democracias participativas?
Construir democracias participativas es el desafío más importante en este tiempo, donde empiezan a abundar en la región discursos políticos que marcan retrocesos en la necesidad de respetar y garantizar los derechos humanos, o discursos antiderechos. Esa democracia participativa se construye en todos los frentes. El Estado debe estar muy abierto a la participación real de la sociedad civil, que no sólo tiene asumir un rol activo. Fundamentalmente, hay que mejorar el nivel democrático de las sociedades, y se logra con educación en derechos humanos, en las escuelas, en las universidades y en todos los componentes de derechos humanos. Entre ellos, lo que hace a la perspectiva de género y a los derechos humanos de las mujeres, con esa conciencia democrática que hay que adquirir desde la más temprana edad. Por eso, la educación es el arma más valiosa para construir sociedades inclusivas, realmente democráticas, que pongan freno en el ejercicio cívico a cualquier intento de retroceder en el campo de la garantía de los derechos.
Y finalmente, hay un rol indispensable en las universidades. Todas las disciplinas se tienen que enseñar, estudiar, analizar y aplicar en perspectiva de derechos humanos, porque quienes ocupan espacios de liderazgo político y espacios públicos en las administraciones a nivel federal, estatal, provincial, municipal, generalmente, han pasado o pasan por las universidades. Entonces, si la política pública no se hace en perspectiva de derechos humanos, que es lo que indica la Constitución que debe hacerse, y todas las constituciones de América Latina lo señalan, es porque también las universidades no están cumpliendo acabadamente su rol. Ese debe ser el enfoque de la próxima reforma universitaria.
Por Elisa García, de la redacción de NODAL