Posted by Inspección General de Personas Jurídicas y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados celebraron un acuerdo de cooperación para impulsar y desarrollar proyectos que permitan a los Centro de Jubilados de acceder, regularizar y ordenar la documentación para acceder a más beneficios.
El convenio fue rubricado el secretario de Asuntos Institucionales dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y DDHH, Gastón Venturini; el director Provincial de Inspección General de Personería Jurídica, Facundo Ripoll; y el director Ejecutivo de PAMI Catamarca, Juan Rosales.
El objetivo del acuerdo es implementar acciones tendientes a impulsar y desarrollar proyectos conjuntos que permitan articular a través de sus competencias institucionales, modalidades que incrementen las posibilidades de los Centro de Jubilados de acceder, regularizar y ordenar la documentación requerida por la IGPJ para contar con el reconocimiento estatal para las entidades sin fines de lucro.
Además, las partes se comprometen a brindarse recíprocamente la mayor cooperación en el desarrollo conjunto de proyectos y acciones, en materia académica y técnica; así como en el asesoramiento mutuo para el aprovechamiento de las capacidades y la experiencia adquirida en sus respectivos campos de actuación; uso de instalaciones edilicias disponibles, material didáctico, recursos físicos y humanos; y demás equipamiento que fuera necesario para el cumplimiento de los objetivos descriptos.
Rosales, explicó que se trata del Consejo Participativo que hace PAMI anualmente, con la particularidad que se va a tratar la elección de los consejeros provinciales que representan a PAMI: “PAMI tiene unan normativa escrita que obliga a esto. Vamos a anunciar lo que es “Centro Conectados”, un programa que otorga financiamiento para internet equipamiento tecnológico, etc. Le vamos a entregar a16, y son un montón más, pero necesitan regularizar con Personas Jurídicas. Es una manera de promover, producir y ejemplificar que tienen que hacer los papeles porque se traducen en beneficios concretos en políticas públicas que llegan concretamente si hacen las cosas bien desde el punto de vista administrativo legal”.