Posted by Por Tomer Urwicz
El Ministerio de Desarrollo Social comprobó lo que preveía: cada vez hay más gente en la calle. Los datos preliminares del censo realizado en la pasada madrugada de lunes para martes, confirman una suba del 24% respecto al último conteo de las personas que pasaban la noche a la intemperie o en un refugio nocturno. A la vez, representa un incremento del 32% en relación al relevamiento de 2020, 58% frente a 2019, 98% contra 2016.
Porque así como el gobierno —de ahora y de antes— incrementa la oferta y soluciones pasajeras a las personas que acaban sin un techo, la demanda también crece. Tanto que, según lo que expuso este miércoles en el Parlamento el ministro Martín Lema, Uruguay tiene que cortar con los círculos viciosos que llevan a la gente a la calle, y que hacen que algunos ya lleven “más de 35 años” en esta situación (el promedio son cuatro años).
La pobreza clásica, entendida como aquella en que la persona no llega a un mínimo de ingresos, o el desempleo y el resto de indicadores económicos casi no explican el aumento “sistemático” de la gente en la calle. Al menos el censo realizado esta semana por el Mides y a cuyos resultados accedió El Observador demuestra que hay cuatro características que están inclinando la balanza: la cárcel, las drogas, la salud mental, y la inmigración reciente.
De la celda al asfalto
Hace cuatro años, cuando el Frente Amplio acababa su administración y todavía no existía el covid-19, cada día se liberaban unos 19 presos. Ahora salen de la prisión 26 por día. Cuando se abren las rejas y las puertas metálicas, muchos de los recién liberados salen con lo puesto, a veces con el dinero justo para el boleto y más nada. Algunos perdieron vínculo con su familia, otros no puede regresar a su barrio donde están amenazados, y casi la mayoría no revirtió su adicción a las drogas. Solo los espera un refugio estatal o la calle.
Matías, uno de los que consiguió la libertad este año y cuya historia había reconstruido El Observador, pasó del centro penitenciario de Punta de Rieles a “achicar” por la zona de tres cruces bajo un árbol. Su abstinencia a la pasta base le duró menos de 24 horas luego de ser liberado.
Pero, ¿qué lo llevó a la calle? ¿La pobreza? No sería la explicación: estudió en un colegio privado, en una cuenta tenía guardado unos ahorros de un trabajo mientras estuvo preso. ¿La cárcel? ¿La droga que lo hace priorizar ese consumo y la reincidencia en los delitos? ¿La pérdida de su red de familia y amigos? ¿Su infancia a los ponchazos?
El censo del Mides demostró que al menos 46,7% de quienes a comienzos de esta semana estaban en la calle habían estado presos alguna vez.
Bajo la lógica de que en Uruguay no existen la cadena perpetua —y teniendo en cuenta que muchos de los hoy presos son jóvenes condenados por delitos llamados “menores”—, el Mides apunta a que quienes son liberados tengan más herramientas para enfrentar su futuro inmediato. Según supo El Observador, el ministro Lema es partidario de que cada exrecluso reciba una tarjeta de alimentación y quiere que se amplíen los cupos en los centros de acogida a los recién liberados.
Esa estrategia, que en parte es acompañada por el Ministerio del Interior, busca que, además de mejorar las condiciones de vida de la población, disminuya la reincidencia carcelaria.
La Dirección Nacional del Liberado ya pasó a ser parte del Mides, dotándola de una estrategia más socioeducativa, y la línea de trabajo es compartida por el comisionado parlamentario para las cárceles.
Consumo de drogas
“Se mantiene un perfil que indica alta preponderancia de consumo de drogas”, reza un informe preliminar que construyó el Mides en base a los datos del censo. Ocurre que el 91,5% declaró el consumo de alcohol u otras drogas.
La cifra, reconocen los técnicos, podría ser todavía mayor si se tiene en cuenta que algunos usuarios no quieren decir la verdad sobre este asunto.
Es entonces que empiezan a develarse los círculos viciosos: algunos prefieren quedarse a la intemperie para consumir o por el efecto del consumo. La adicción los lleva a veces a delinquir. Van presos. Siguen consumiendo. Salen. Consumo. Calle-droga-cárcel.
En el proyecto de Rendición de Cuentas que está en discusión en el Parlamento, el Ejecutivo solicitó un incremento presupuestal para salud mental y adicciones. Eso supone más cupos de tratamiento, el pago de vales para atención en clínicas privadas, y una primera línea de contención para no saturar el sistema hospitalario.
A su vez, el ministro Lema comparecerá el próximo martes ante la comisión del Senado que discute el proyecto de hospitalización involuntaria de personas en situación de calle que producto de la adicción puede generar riesgo para sí o para terceros. Ya se aprobó en Diputados.
Salud más que física
La adicción es una muestra más del padecimiento psíquico. Un síntoma como el que está anunciando el incremento de los suicidios o la prevalencia de depresión.
En este sentido, el 41,2% de los censados por el Mides admiten haber estado en tratamiento o internados por consumo de drogas. Y otros tantos por otras patologías psiquiátricas.
El Mides identificó que, tras la aprobación de la ley de salud mental en 2017, muchas personas que estaban internadas no contaron con alternativas y terminaron en la calle. Las autoridades no son contrarias a la ley que “humanizó” el tratamiento y que cerró las colonias psiquiátricas en condiciones indignas. Pero reconocen que el país no les dio alternativas a muchos de los que habitaban en esos espacios de encierro y alejados del resto de la sociedad.
El gobierno pretende incrementar unos 20 millones de dólares para la atención de salud mental.
En este círculo vicioso entra también el espiral de violencia, a veces motivado por el consumo de drogas, sus consecuencias en las relaciones intrafamiliares, y el padecimiento, sobre todo, de mujeres y niños.
Los recién llegados
Uruguay está recibiendo más inmigración. Se nota en los acentos, en los puestos de comida, en la multiculturalidad. La buena noticia, destacada por los economistas ante la baja la natalidad y la necesidad de aumentar la población activa, cuenta con recientes llegadas de jóvenes o familias que entran al país sin nada. A veces pasan largos días caminando, o le escapan a la inflación argentina, al régimen cubano o venezolano, a la desestabilidad política de Perú o la pobreza dominicana.
Además, muchos entran con una formalidad que les impide costear grandes alquileres de vivienda, o sin la posibilidad de garantías, y “a la mínima de cambio” quedan en la calle.
El censo contabilizó 2,6% de personas en la calle que eran extranjeras.
En las oficinas territoriales del Mides la situación de los migrantes implica un 12% de la demanda. Por eso, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno inició la unificación del tratamiento y solución que se le da a esta población vulnerable.
El ministro Lema aclaró en el Parlamento que, sea cual sea la situación, el Ministerio da respuesta al 100% de las solicitudes y “siempre hay cupos”.
En unas tres semanas el Mides publicará los datos definitivos del censo, el tercer relevamiento que hace la actual administración.
Nota metodológica:
Los datos presentados en esta nota son preliminares y oficiales. Por recomendación del Institute of Global Homelessness (IGH), el Mides dejó de contabilizar como persona en situación de calle a aquellas que son usuarias de centros 24 horas. De todas maneras, esta población se quita en las comparaciones con relevamientos anteriores (es corregida para todos los años).
El Observador en NODAL