Posted by La Bancaria, la CTA y ATE son algunas de las organizaciones que exigen volver a negociar. Camioneros, en tanto, trabaja en un nuevo acuerdo.
La escalada de casi un 30% del dólar blue y la devaluación del 22% de la divisa oficial que promovió el Gobierno luego de la victoria de Javier Milei en las PASO suscitaron la reacción de los gremios, que, ante la depreciación de los salarios, ya reclaman la reapertura urgente de sus paritarias.
El delicado escenario económico que el país atraviesa desde el lunes tiene su correlato en los reclamos sindicales. Algunas de las organizaciones que ya exigen volver a negociar son la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), La Bancaria y Camioneros, entre otros.
Uno de los primeros gremios en alzar la voz fue ATE. Aunque es aliado del Gobierno, la organización que encabeza Hugo “Cachorro” Godoy reclamó “una suma fija y la urgente reapertura de todas las paritarias”,
Un documento gremial aseguró que la solicitud fue planteada en sendas notas dirigidas al Jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UXP), Agustín Rossi; a la ministra de Trabajo, Raquel Olmos y a la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, ya que “el 6,3% de inflación de julio, que rompió la tendencia a la baja registrada desde el pico del 8,4% de abril, y la devaluación del 22% del peso del lunes último, dispara aumentos de precios y genera inflación”.
“El aumento de los precios de bienes y servicios de primera necesidad golpea sobre quienes menos ingresos tienen. Ello se refleja en el hecho de que los valores de las canastas básicas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) suben por arriba del incremento de la inflación general”, sostuvo la conducción en el documento.
El gremio también advirtió en esas misivas a los funcionarios que “la remarcación de los formadores de precios superaría el 25%, por lo que urge ponerles un freno a quienes por afán de lucro y especulación procuran la miseria del pueblo”, afirmó Godoy.
También reclamó el pago de una suma fija -lo que el gremio demanda desde 2022- para responder a “una realidad inadmisible, que indica que hay trabajadores en la indigencia en el Estado, por lo que urge elevar las bases salariales para que ningún empleado público se ubique por debajo de la línea de la pobreza”, puntualizó Godoy.
Con más poder de fuego, la Federación Nacional de Camioneros ya negocia un nuevo acuerdo. El gremio se reunió este miércoles con el sector empresarial con el objetivo de reabrir la paritaria teniendo en cuenta la escalada de precios.
A la salida de la reunión en el Ministerio de Trabajo, el secretario Gremial, Marcelo Aparicio, dijo que en la reunión con representantes del sector empresarial -Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC)-, la Federación Argentina de Transporte y Logística (FAETYL) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Carga (CATAC)- se abordó la “preocupante situación que enfrentan los trabajadores”.
“El salario ha experimentado una notable disminución en relación al costo de vida actual”, explicó.
Durante el encuentro, se planteó la necesidad de adelantar la discusión de la paritaria, buscando acortar los plazos y comenzar a negociar de inmediato. Si bien se han expuesto diversas necesidades y se ha evaluado la situación, no se ha establecido un número definitivo debido a la incertidumbre económica.
La fluctuación del dólar y de los precios hacen necesario volver a reunirse para definir los detalles.
Se ha hecho hincapié en las necesidades de actividades logísticas, servicios postales y mudanzas, entre otras, que se encuentran en una situación más precaria.
Asimismo, se ha planteado “la importancia de revisar y modificar ciertos aspectos del convenio para mejorar las condiciones de trabajo en áreas especialmente afectadas. Siempre con el objetivo de defender los derechos y la dignidad de los trabajadores”.
De la reunión participó el secretario Adjunto de camioneros, Pablo Moyano, miembro de la Federación de Camioneros. El acuerdo vigente incluyó un aumento salarial escalonado por año de 107% y el pago de un bono extra de $100.000 que se abonó en cuotas desde marzo a junio del 2023. La vigencia del acuerdo se estableció hasta octubre de 2023.
En la misma sintonía que ATE, la Asociación Bancaria (AB), al mando de Sergio Palazzo, solicitó de manera formal al Ministerio de Trabajo “la inmediata reapertura de la paritaria, según lo determinó la cláusula de revisión firmada en el último acuerdo”.
A través de Palazzo y el secretario de Acción Gremial del sindicato, Gustavo Díaz, la Bancaria solicitó en una nota a la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, “la reapertura de las negociaciones paritarias, porque el salario es la herramienta de subsistencia y mantenimiento económico de los trabajadores”.
Los dirigentes indicaron que “es necesario adelantar la negociación salarial prevista en la cláusula segunda del acuerdo del 24 de mayo último, teniendo en cuenta que ya fue difundido el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de julio de este año”.
“Es imprescindible anticipar la instancia negocial a fin de mejorar los emolumentos percibidos actualmente por los trabajadores bancarios”, expresó la organización.
Palazzo y Díaz plantearon en la misiva la necesidad de que Olmos convoque de forma urgente al gremio y a las cámaras empresarias Abappra, Adeba, ABA y ABE y al Banco Central (BCRA) a esas negociaciones con “el objeto de mantener el poder adquisitivo de los ingresos ante el proceso inflacionario ascendente”.
Por su parte, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), al mando del diputado del Frente de Todos (FdT) Hugo Yasky, reclamó “una suma fija urgente de 75 mil pesos, medidas para recomponer los ingresos de los sectores populares y para detener la escalada inflacionaria de los formadores de precios”.
Un comunicado de la CTA firmado por Yasky y el secretario de Comunicación, Enrique Rositto, aseveró que el resultado de las PASO obliga a entender que “una parte importante del voto del domingo último expresó un hartazgo y un profundo malestar ante una difícil situación en la vida cotidiana de las mayorías populares”.
La entidad rechazó “los condicionamientos del FMI y las conductas antisociales de los especuladores”; exigió “un aumento uniforme por suma fija no inferior a los 75 mil pesos para todos los asalariados públicos y privados del país” y “un nuevo incremento para los jubilados y pensionados”.
“Hay que adelantar los aumentos del Consejo del Salario Mínimo, lo que tendría efecto inmediato en los programas sociales, y discutir los valores para el último trimestre. El Gobierno debe adoptar exhaustivas medidas para reducir el margen de abusos empresarios y hacerles retrotraer los precios. Aún hay tiempo para que en octubre el resultado le permita al pueblo tener la esperanza de vivir mejor”, señalaron.
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