Posted by por Raúl Barreno Castillo y Mynor Toc Fuentes
Este sábado 26 de agosto se reunieron en Totonicapán diversos representantes de organizaciones indígenas del Occidente de Guatemala para posicionarse ante los acontecimientos que ocurren en el país respecto del Gobierno, el Ministerio Público y otras instancias judiciales.
Los representantes de estas organizaciones le exigieron a los organismos de Estados que destituyan a la fiscal general de la República, Consuelo Porras y al juez, Fredy Orellana, por considerar que con sus acciones han puesto en riesgo la democracia en el país y la alternancia en el poder por medio de las Elecciones Generales 2023.
En un comunicado, una decena de agrupaciones manifestaron, por medio de un comunicado, “su profunda preocupación ante la crisis institucional y social por la que atraviesa el país, provocada por las constantes y flagrantes violaciones a la Constitución y al derecho fundamental de los guatemaltecos a elegir y ser electos.
Señalaron directamente a “una estructura criminal enquistada en el gobierno de Guatemala que busca en forma desesperadamente aferrarse al poder público”.
En la comunicación oficial que firmaron todos los participantes de esa reunión extraordinaria que se llevó a cabo en el parque La Unión, de la cabecera departamental de Totonicapán, hicieron peticiones puntuales al Gobierno, al Congreso, a la Corte de Constitucionalidad (CC), al presidente Alejandro Giammattei, al Organismo Judicial y a la comunidad Internacional.
Al mandatario Giammattei le exigieron que destituya de inmediato a la fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta.
Consideran que en “reiteradas ocasiones se le ha sugerido que por dignidad renuncie al cargo, pero es evidente que no entiende de dignidad para hacerlo a pesar que desempeña de forma arbitraria lo que es causal de despido en cualquier organismo del Estado”.
Giammattei tiene la facultad de destituirla al igual que al jefe de la Fiscalía Especial Contra la IMpunidad (Feci), Rafael Curruchiche, por su falta de objetividad en el ejercicio de sus funciones.
Al Organismo Judicial (OJ), le exigieron que, con base en el artículo 50 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se destituya ipso facto al juez séptimo del instancia penal, Fredy Orellana, por desobedecer abiertamente el amparo provisional otorgado por la CC, que garantiza la segunda vuelta electoral.
A la comunidad internacional le solicitaron que “en solidaridad con el pueblo de Guatemala le nieguen en sus países el ingreso “de los enemigos de la democracia”.
Señalaron como actores de estas acciones a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdez Paiz y Manuel Duarte; los magistrados de Salas de la Corte de Apelaciones Oscar Ruperto Cruz, Dixon Díaz Mendoza, Gustavo Adolfo Dubón y Elsa Noemi Falla.
Además, a los jueces Víctor Cruz y Fredy Orellana, entre otros, de quienes “haremos llegar la petición formal a todas las embajadas, ya que son quienes pretenden burlarse de la voluntad popular armando procesos espurios e ilegales para evitar la toma de posesión del binomio presidencial electo”.
Al gobierno de Guatemala le pidieron que tome todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad Bernardo Arévalo y Karin Herrera, binomio presidencial electo, atendiendo lo resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “a fin de asegurar el proceso de transición como lo demanda el marco jurídico de Guatemala”.
Le pidieron también a la Corte de Constitucionalidad (CC) que cumpla con su mandato de velar por el orden constitucional y la defensa de la Constitución y leyes constitucionales.
Exigieron a la CC que “al resolver cualquier acción sobre el proceso electoral actual, se ordene las garantías necesarias para el cumplimiento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas electorales, para cumplir con la alternabilidad del poder”.
También le demandaron al Congreso “que tal como lo señaló el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, en el proceso de toma de posesión de los diputados electos para el periodo 2024-2028, se atienda únicamente a lo dispuesto por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya que es el único ente que puede determinar si un funcionario electo a través de la voluntad popular puede o no tomar posesión”.
Manifestaciones
El presidente de la junta directiva de los 48 Cantones, Luis Pacheco, dejó claro que se les están agotando “los recursos o procedimientos escritos” para hacer las demandas a las autoridades nacionales.
Pero eso sí, Pacheco advirtió que “si hay necesidad de salir a manifestar, por la voluntad del pueblo, tomando medidas un poco más drásticas, los vamos a hacer. No queremos llegar a eso y le pedimos al Gobierno que tome en consideración esa situación porque no solo son los pueblos indígenas, es todo Guatemala y sus diferentes sectores”.
El presidente de 48 Cantones resaltó muchos sectores se han articulado para hacer estas demandas y “esto puede conllevar a una paralización a escala nacional”.
“No queremos llegar a esos extremos, pero si se sigue yendo contra la Constitución, creemos que si será necesario “salir a las calles. Lo tendremos que hacer”.
Un día antes
La Municipalidad Indígena de Sololá, por medio de un comunicado, reveló que se han declarado en asamblea permanente ante los acontecimientos que han ocurrido en las últimas horas
Rechazaron y repudiaron las acciones “oficiosas del Ministerio Público, especialmente de la fiscal general de la República Consuelo Porras y el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche”. Les acusaron de querer “destruir la poca democracia que nos queda”.
Advirtieron que si el MP sigue con el trabajo “deficiente e ineficaz y con intenciones de destruir la poca democracia, nos estará obligando a tomar carreteras, aeropuertos, sedes del Ministerio Público a nivel nacional hasta que renuncie el pacto de corruptos”.
“Estamos cansados de tantas atrocidades por parte de los supuestos llamados funcionarios públicos”, dijeron.
La orden del MP para que los diputados electos del Movimiento Semilla no tomen posesión la calificaron de ilegal y la consideraron “una declaración de golpe de Estado con apariencia legal”.
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