Posted by Mientras en las principales avenidas y calles de la ciudad de Guatemala, autoridades indígenas marcharon para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras; fiscales y jueces que han judicializado el proceso electoral, el Concejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) conocía el informe del secretario general, Luis Almagro, sobre su segunda visita al país.
“Las denuncias expresadas por el Ministerio Público son sin claridad y sin justificación legal. Son claramente persecutorias de un partido político. La intimidación contra el sistema político y el partido Movimiento Semilla deben de detenerse. No podemos permitir que una fiscalía sin competencia en temas electorales rompa la institucionalidad y Constitución del país”, afirmó el diplomático.
Almagro señaló que el proceso de transición de mando enfrenta amenazas, además, desmintió la información dada por el Ministerio Público (MP) y abogó por que las instituciones del Estado respalden la voluntad popular.
“El proceso de transición es una combinación de agresiones políticas que se han transformado en presiones políticas sobre el proceso electoral”, dijo al citar como ejemplo el caso del director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ramiro Muñoz, quien pidió vacaciones luego que el juez séptimo, Fredy Orellana, ordenara la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla.
El secretario general explicó que Ramiro acató la orden después de la segunda vuelta celebrada el 20 de agosto. Pero fue suspendida por los magistrados del TSE, al menos hasta que finalice el proceso electoral el próximo 31 de octubre.
Resaltó que otros actores políticos también han recibido presiones para evitar que el presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, tomen posesión del cargo sin partido político el 14 de enero de 2024. “Eso sería afectar la decisión soberana del pueblo que no solamente eligió al presidente sino también congresistas con el Movimiento Semilla”, comentó.
La principal consecuencia de las acciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) es “burlar la voluntad popular”. Además, denunció que la fiscalía y el juez séptimo al buscar suplantar al TSE afectarían la Constitución de la República de Guatemala y el funcionamiento institucional.
“Es el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral el que tiene la potestad de cancelar o suspender la nominación de un partido, no actúa de oficio. La inhabilitación de un partido político no puede provenir de un juez”, enfatizó.
En ese sentido, el representante permanente de Colombia ante la OEA, Luis Vargas, manifestó su preocupación ante las declaraciones del jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, sobre los allanamientos en el TSE para buscar indicios. “Esa respuesta sorprende. El indicio es un medio de prueba que parte de hechos probados y a partir de los hechos probados se infiere la existencia de otro hecho”, dijo.
Almagro recordó que la Misión de la OEA finaliza hasta el 14 de enero del 2024. En cuanto a la transición, resaltó la importancia de las alianzas con los diversos sectores del país ya que el peor escenario sería el “no buscar tener canales abiertos y diálogo” ante los desafíos como la desnutrición, crimen organizado, migración, atender las demandas de los pueblos indígenas, entre otros.
Además, abogó por modificar la metodología de la transición que atienda la necesidad de obtener información que apoye al próximo Gobierno. La semana pasada, Arévalo anunció la suspensión temporal de las reuniones con el mandatario, Alejandro Giammattei, después de un nuevo allanamiento de la FECI que abrió las cajas electorales y extrajo boletas. Esta acción fue calificada de ilegal y de romper la cadena de custodia que vela por el voto ciudadano.
“Los presidentes entrantes y salientes deben de mantener los canales de comunicación para abordar los principales temas políticos que afecta el proceso de transición. La continuidad debe basarse fundamentalmente en reuniones entre las partes y no en una continuidad de eventos públicos”, dijo Almagro en referencia al último acto de transición en donde se les entregaron expedientes a las nuevas autoridades y fue transmitido en los canales de Gobierno.
En cuando a la reunión que sostuvo con dirigentes del MP con quien abordó la persecución hacia el partido Movimiento Semilla, Almagro dijo que las presentaciones fueron “muy ilustrativas”, pero no en el sentido de la palabra sino “impregnada de negatividad con potencial de afectar el proceso institucional de la transición”.
Resaltó no recibir con beneplácito las acciones del Ministerio Público en su intento de perjudicar el cambio de mando y denunció que el MP intentó intimidarlo con una denuncia contra él y el canciller, Mario Búcaro, dos días antes de arribar al país. Resaltó que el MP niega la intimidación existente en el sistema político y agregó que necesitan una actuación institucional “más coherente”.
Almagro dijo que en la reunión con Porras surgió el dato de que el Movimiento Semilla no quiere que se le investigue lo que calificó como “falso”, también dijo que es “falsa” la información de que la OEA no quiere que se investigue al partido político de Arévalo. “Debe ser hecho (la investigación) en el marco de la justicia electoral y no de la FECI”, agregó.
El secretario general de la OEA finalizó su informe pidiendo que “nadie empañe” el proceso de transición y resaltó las protestas que realizan los ciudadanos en defensa del voto. “Son manifestaciones con un compromiso con la democracia” el mismo que deben tener las instituciones del Estado, opinó.
Por aparte, el representante de República Dominicana ante el Consejo de la OEA, Josué Fiallo, también expresó su preocupación ante la intimidación e intentos de descalificar el voto popular. Estas acciones podrían tener repercusiones en la estabilidad democrática del país y de la región. “La confianza pública, la imparcialidad y la eficacia del sistema legal puede erosionarse de manera irreparable”, agregó.
Mientras, Ronald Sanders, representante de Antigua y Barbuda, pidió al Consejo llamar al MP “a poner punto final a esta cruzada política” y que se prioricen los intereses de la población que expresó su voluntad en las urnas.
En tanto, Estados Unidos, dijo que las actitudes antidemocráticas del MP y otros personajes corruptos van en contra de la Carta Democrática a la que el país está suscrito. Abogó por una transición pacífica y también pidió al MP que cese la intimidación contra el Movimiento Semilla y el TSE.
“Hemos sido testigos del asalto al centro de operaciones del proceso electoral y cómo se abrieron y manipularon los votos. En una democracia saludable las instituciones no meten mano en las urnas”, agregó.
Los diplomáticos de Brasil, Honduras, Costa Rica, Uruguay, México, Francia, entre otros también pidieron la palabra para pronunciarse a favor de la democracia del país.
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