Posted by Por Isela Espinoza
Alcaldes y autoridades indígenas de Sololá, Quiché, Totonicapán, San Marcos continúan con su lucha en la defensa de la democracia y ahora lo elevan a los juzgados. Este martes 17 de octubre interpusieron una denuncia penal contra la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso, Leonor Morales Lazo, el juez séptimo Fredy Orellana, así como otros fiscales y funcionarios que han interferido “ilegalmente en el proceso electoral” por violaciones a los derechos humanos conforme el artículo 45 de la Constitución Política de la República.
Este artículo refiere que “la acción para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos es pública y puede ejercerse mediante simple denuncia, sin caución ni formalidad alguna. Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”.
La acción penal fue planteada en el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, y también denuncia a los secretarios generales de los partidos políticos Cambio, Mi familia, Valor, Podemos, el oficialista Vamos, Creo, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Cabal y Azul “por interrumpir ilegalmente el proceso electoral a través de hechos falsos afectando los derechos civiles y políticos de los ciudadanos”.
Las autoridades indígenas señalan que Porras, Curruchiche, Monterroso, Morales y el juez Orellana han interferido y continúan haciéndolo de forma “abusiva e ilegalmente” en el actual proceso electoral que finaliza el próximo 31 de octubre.
Argumentan que dentro de los delitos que cometieron se encuentra abuso de poder por iniciar un proceso penal en contra del partido Movimiento Semilla sin fundamento legal y por la persecución penal contra funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En el documento que plantea la denuncia afirman que además de violar derechos civiles y políticos de la población también han “usurpado funciones exclusivas del Tribunal Supremo Electoral alterando la paz social, el orden constitucional e incluso actuando en abierta desobediencia de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia”.
Entre las solicitudes que plantean se encuentra que la investigación sea realizada por un agente fiscal especial escogido “entre abogados colegiados y sin tacha” para garantizar la independencia de la pesquisa.
La denuncia también plantea que Consuelo Porras ha violado los derechos de reunión, manifestación y la libertad de expresión de los guatemaltecos que han salido a las calles durante 16 días consecutivos inconformes por las acciones legales impulsadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que han judicializado el proceso electoral, desde el mes de julio pasado.
El derecho a la manifestación no solo está garantizado en la Constitución sino en otros instrumentos internacionales y que la fiscal general violó al interponer un amparo el 24 de agosto que, a través de afirmaciones falsas, se ordene el desalojo de los guatemaltecos que se encuentran en más de 20 puntos del país.
El memorial presentado por las autoridades indígenas finaliza con varias peticiones entre ellas: “que conforme al artículo 45 se ordene la inmediata aprehensión de todos los denunciados incluyendo a Porras y el juez Orellana”.
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