25N: La Banca de la Mujer se pronunció firmemente en contra la violencia de género

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Las integrantes de la Banca de la Mujer de Diputados emitieron una contundente declaración en el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la Mujer reafirmando que la violencia de género es una violación flagrante de los derechos humanos y señalando la necesidad imperante de avanzar hacia una igualdad de hecho y en la erradicación de la violencia que aún persiste en diferentes ámbitos de la sociedad. La declaración resalta la importancia de los principios constitucionales de no discriminación, responsabilidad estatal e igualdad de resultados, principios enraizados en las convenciones internacionales de derechos humanos y en leyes nacionales y provinciales específicas.

Desde la Banca, se sostuvo que la violencia contra las mujeres actúa como un obstáculo para la construcción de sociedades inclusivas y sostenibles.En este sentido, señalan que enfrentar y eliminar esta violencia es esencial para lograr la tan anhelada igualdad, ya que una sociedad no puede florecer cuando la mitad de su población vive con miedo de ser agredida. El pronunciamiento también destaca la responsabilidad fundamental del Estado para asegurar a las mujeres el pleno goce de todos sus derechos humanos y en igualdad real. En un llamado urgente a la acción, instan a involucrarse activamente en la prevención y erradicación de la violencia de género, así como en la abordaje de cuestiones críticas como la reducción de la mortalidad materna, el acceso a la educación para niñas, la salud sexual y reproductiva, y oportunidades de empleo equitativas.

El documento completo: 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES VIOLATORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos pronunciamos por una igualdad de hecho y a favor de los principios constitucionales  de no discriminación, el principio de responsabilidad estatal  y el principio de igualdad de resultados, establecidos en las convenciones internacionales de derechos humanos con rango constitucional. También en la ley nacional 26485 de Protección integral y erradicación de violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos que se desarrollen, y la ley provincial 5434 de Violencia Familiar y de Género.

Decimos que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para construir sociedades inclusivas y sostenibles. La violencia contra la mujer sigue siendo un impedimento para alcanzar la igualdad. Es imposible que una sociedad florezca si la mitad de su población vive con miedo de ser agredida. Queremos resaltar la responsabilidad que tiene el estado de asegurarles a las mujeres el goce pleno de todos sus derechos humanos en igualdad con los varones. Hay que recordar que el estado  no cumple con esta obligación con solo reconocer los mismos derechos a las mujeres de los que ya gozan los varones. 

La hora exige que el Estado se involucre activamente en la eliminación de todas las formas de discriminación. Aún en aquellos casos en que no cuenten con recursos suficientes para cumplir sus obligaciones inmediatas, corresponde cumplir sus obligaciones más urgentes: la prevención y la erradicación de la violencia de género y la feminización de la pobreza, la reducción de la mortalidad materna, garantizar el acceso a la educación de las niñas, el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva,  a las oportunidades de empleo, entre otras.

La igualdad de género está en el corazón mismo de los derechos humanos. Y la violencia de género constituye una práctica estructural violatoria de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que afecta gravemente a mujeres y  cuerpos feminizados de todos los sectores de la sociedad, independientemente de su clase social, edad, origen o religión.

En tal sentido, resaltamos que el estado – cada una de sus autoridades públicas –  tiene el deber de atender especialmente sus características y traducirlas en acciones positivas. Destacamos que esto comprende la obligación de una aplicación efectiva del marco jurídico de protección, con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz para evitar el retroceso de los derechos de las mujeres y conseguir un mundo libre de violencias.

Ni una menos. Vivas, libres, sin miedo nos queremos. 

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