Posted by La presentación la hizo el procurador del Tesoro Rodolfo Barra, ex juez de la Corte durante el menemato y actual jefe de los abogados del Estado. Buscan que el máximo tribunal revoque el fallo que obliga al Gobierno a repartir de inmediato los alimentos cuya existencia en los depósitos del ex ministerio de Desarrollo Social reveló El Destape.
Javier Milei y Sandra Pettovello presentaron un escrito para que la Corte Suprema revoque el fallo judicial que los obliga repartir los más de 5 millones de kilos de alimentos que comían polvo y casi de pudren en los depósitos del ex ministerio de Desarrollo Social. Y redoblaron la presión judicial ya que el recurso ante el máximo tribunal lo firma directamente el procurador del Tesoro Rodolfo Barra, ex integrante de la Corte y ministro de Justicia de Carlos Menem.
Este manotazo judicial de Milei y Pettovello llega luego de una doble derrota que tuvieron en los tribunales. Por un lado, en materia penal, tres instancias de Comodoro Py les ordenaran entregar la comida. Primero fue el juez Sebastián Casanello, luego la Cámara Federal y finalmente la Cámara de Casación. El escrito es contra esta decisión. Pero además el juez en lo contencioso administrativo Walter Lara Correa también les ordenó que cumplan con el presupuesto destinado a transferencias a comedores sociales y con los acuerdos con organismos internacionales para el mismo fin que son obligación del Estado Nacional. Con este panorama piden la escupidera en la Corte.
Los argumentos presentados por Barra, cuyo apellido pesa y fuerte en los tribunales, giran en torno a que el Poder Judicial no puede entrometerse en decisiones del Poder Ejecutivo como ser el reparto de los alimentos. Que la causa penal que inició Juan Grabois busca determinar si hubo delito en el no reparto de la comida (lo que es un hecho) pero que el juez Casanello se extralimitó al ordenarles repartir los alimentos. Barra plantea “una indebida intromisión del Poder Judicial”, que el fallo se mete con “cuestiones políticas no justiciables”, que es “una clara violación del principio de división de poderes”. No es así, ya que lo que hizo el juez Casanello es intervenir ante una situación concreta, el no reparto de comida que estaba por vencer, algo que está en sus facultades.
El escrito que presentó el gobierno para frenar el reparto de comida, firmado por Barra, alega: “El tiempo dirá si fueron correctas o incorrectas las decisiones que se tomaron en un ámbito de competencia exclusiva, lo que claramente es incorrecto es que el Poder Judicial se entrometa en las mismas”. Lo que no dice es que en ese tiempo millones de personas pasan hambre.
En su crítica al fallo que quieren que la Corte revoque desde el Gobierno llegan al cinismo de alegar que “esa decisión que el Poder Ejecutivo se encuentra obligado a respetar, modificando así el plan de política alimentaria dispuesto oportunamente, repercute de manera negativa sobre los supuestos derechos que dice se afectan”. Peleados con la lógica, afirman que repartir los alimentos “repercute de manera negativa”. El mundo del revés.
Ahora es el turno de la Corte Suprema, que entró en receso de la feria judicial invernal. El cortesano que quedó como autoridad en la feria es Carlos Rosenkrantz.
Barra al rescate
En concreto, la presentación del Gobierno es contra el fallo de la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal del 2 de julio pasado que ratificó lo resuelto por el juez Casanello y la Cámara Federal porteña, que instaron al gobierno a repartir de forma inmediata la comida que tiene retenida en un galpón de Villa Martelli y en otro de Tafí Viejo, en Tucumán. Ese fallo lo firman los camaristas Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar y echa por tierra las pretensiones de Pettovello expresadas hasta entonces por la representante legal de Capital Humano Leila Daniela Gianni.
Ahora el gobierno va contra esa resolución de la Casación pero con el auspicio de Barra, el jefe de los abogados del Estado, exministro de la Corte y con poder de lobby en el mundo judicial.
El procurador del Tesoro se involucró de lleno en la causa penal que compromete al gobierno por no entregar casi 6 millones de kilos de comida retenida en galpones, entre la que hay productos a punto de pudrirse. El viernes realizó esta presentación ante la Casación para intentar que la Corte se expida sobre el tema.
Barra repitió el argumento que esgrime el ministerio de Capital Humano y ya fue rechazada por siete jueces: que la orden judicial que insta al Ejecutivo a repartir la comida es una intromisión del tercer poder del Estado en un ámbito “exclusivo del Poder Ejecutivo”.
El punto que cuestiona el gobierno es el II de la resolución de Casanello del 26 de mayo que ordena al gobierno a que “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá´ informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas”. Pasó casi un mes y el gobierno sigue con planteos judiciales variopintos para no entregar el plan mentado ni distribuir la comida. “Esta orden judicial importa una indebida intromisión del Poder Judicial sobre las competencias propias de mi representada”, sostuvo Barra en el planteo que hizo en tribunales.
Esa decisión de Casanello ya fue ratificada por la Cámara Federal porteña y la Cámara Federal de Casación Penal. Ahora el gobierno va a la Corte para intentar modificar lo que respaldaron 7 jueces de distintas procedencias.
En pos de insistir con el no reparto de la comida retenida, Barra ahora esgrimió que “la orden del Juez de grado establece un requisito adicional, que es la intervención de un órgano judicial, en el marco de las competencias propias de mi representada respecto a la disposición y distribución de alimentos. Esta situación afecta la inmediatez que tiene la Administración Pública Nacional en la ejecución de esas políticas públicas. En efecto, cumplir con lo ordenado por el instructor –por más loables que sean los fines que se persiguen–, amén de inmiscuirse en cuestiones políticas no justiciables, genera un perjuicio irreparable para el interés general que mi representada debe tutelar”.
Para el procurador del Tesoro, ex integrante de la Corte menemista, en esta causa “se termina judicializando cuestiones políticas y de gestión que están ajenas al control judicial”. Como si dejar pudrir comida en galpones mientras crece la pobreza y la indigencia fuese una decisión política sobre la que la Justicia no puede intervenir.
En esa línea, Barra agregó: “En esta causa la situación es evidente: la instancia judicial y la competencia del Poder Judicial se abrió con una denuncia para que se investigue la comisión o no de un presunto delito, en ese marco se termina emitiendo una medida que altera el normal funcionamiento de un poder público”. Esa medida que referencia el procurador hace al hambre de un sinnúmero de personas.
En pos de proteger lo que a todas luces es un escándalo, Barra dice que la comida retenida es para emergencia, lo que ya quedó claro que no es así. De hecho, hubo distintas emergencias y pedidos de ayuda de intendentes por desastres naturales que nunca tuvieron respuesta por parte de la gestión nacional. ¿Qué sostuvo Barra al respecto? Que “el Poder Judicial logra entrometerse en la esfera de otro poder y desvirtuar el fundamento de la existencia de un fondo alimentario de emergencia, que debe ser utilizado conforme las directivas de la política decidida por la autoridad competente en la materia.” Pero la coartada de la “emergencia” ya quedó desacreditada. Fue una de las tantas que tejió el gobierno para proteger a Pettovello ante lo que evidentemente es un delito penal.
El planteo jurídico de Barra concluye, en referencia a la UTEP y Juan Grabois, que impulsan esta causa: “Dentro de ese marco, sin que la actora haya probado un daño cierto, actual o futuro, a sus intereses propios o a los derechos de aquellos que dice representar, ha obtenido una sentencia arbitraria emitida, entre otros defectos, en clara violación del principio de división de poderes. Es por ello que solicitamos a la Corte Suprema que restaure la legalidad y revoque la sentencia recurrida”.
Ahora resta que la Casación responda a este planteo. En caso de que acepte el trámite pasa a la Corte, que no tiene plazos. Si Casación lo rechaza el gobierno podrá ir en queja al Alto Tribunal.
Otro revés judicial para el gobierno
Mientras Barra realiza este planteo, la justicia en lo Contencioso Administrativo le dio un nuevo revés al gobierno por no entregar los alimentos retenidos.
En una causa paralela a la penal que tramita ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 7, el juez Lara Correa aceptó al CELS como representante de una acción colectiva e hizo lugar a la medida cautelar que requirió la Defensora Pública Oficial por lo que dispuso que el Ministerio de Capital Humano “no innove respecto de los planes y programas enunciados” en su fallo que “deberán ser cumplidos de manera cabal, estricta y sin dilación o interrupción alguna”.
Tras ese duro revés, el juez habilitó al Ejecutivo a continuar con la auditoría que considere pertinente. Pero lo obligó a continuar con las políticas sociales que había interrumpido. Por ejemplo, hizo saber “al Estado Nacional – Ministerio de Capital Humano que deberá presentar un informe mensual acerca del desarrollo de las políticas públicas vinculadas con los comedores y/o merenderos, que tiene por finalidad la satisfacción del colectivo que allí asisten y la cantidad de población beneficiada discriminada por su ubicación geográfica”.
“Otro freno de la justicia al plan de miseria planificada. El gobierno deberá continuar los programas de entrega de alimentos a los comedores comunitarios. La justicia federal le ordenó al Ministerio de Capital Humano garantizar la continuidad de los programas y planes alimentarios que brindan los comedores y merenderos comunitarios. Lo hizo en el marco de una acción colectiva iniciada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), a la cual me tocó representar como abogado, y el CELS, a la que se sumaron otras asociaciones”, tuiteó Grabois este último sábado.
Y añadió: “El juez Walter Lara Correa consideró que en Argentina la política pública para asegurar el derecho a la alimentación se apoya en distintos planes y programas como la transferencia de ingresos a cada familia, la articulación y coordinación con provincias y municipios y también a través de la entrega de alimentos a comedores comunitarios mediante el plan Argentina contra el hambre, el programa nacional Alimentar Comunidad, y los compromisos internacionales asumidos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Estos son los programas que el Ministerio de Capital Humano no está implementando, de acuerdo con la evolución de las partidas presupuestarias ya comprometidas y la información que se incorporó en el expediente”.
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