En el documento se abarca en su totalidad la reglamentación de los diversos artículos contemplados en la ley, buscando así establecer los parámetros precisos de esta nueva normativa.
A través del decreto 405/2023 publicado este lunes 7 de agosto en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N.º 27.669, la cual implementa un “Marco Regulatorio para fomentar el desarrollo de la Industria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industrial“.
En el documento, compuesto por 14 páginas, se abarca en su totalidad la reglamentación de los diversos artículos contemplados en la ley, buscando así establecer los parámetros precisos de esta nueva normativa.
El decreto establece un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial en Argentina. También establece que la Agencia Regulatoria de la Industria del Cannabis y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) será la Autoridad de Aplicación de la Ley y su Reglamentación.
La ARICCAME es un organismo descentralizado del Ministerio de Economía, y tendrá la responsabilidad de otorgar permisos, licencias y autorizaciones para la producción, procesamiento, distribución, exportación e importación de cannabis medicinal y cáñamo industrial. También tendrá la responsabilidad de regular el mercado de estos productos, y de garantizar su calidad y seguridad.
El decreto también faculta a ARICCAME para dictar normas aclaratorias o complementarias para la efectiva aplicación de la Reglamentación. Esto significa que ARICCAME podrá emitir resoluciones, circulares e instrucciones para brindar más detalles sobre cómo aplicar la Ley y su Reglamentación.
El decreto también establece que el Jefe de Gabinete de Ministros efectuará las reasignaciones presupuestarias que sean necesarias para atender las erogaciones que requiera el cumplimiento del presente. Esto significa que el gobierno nacional asignará fondos para financiar las actividades de ARICCAME.
La Reglamentación de la Ley N.º 27.669 ya está vigente tras ser publicada en el boletín oficial, y que ARICCAME ya está en funcionamiento. La Agencia ya podrá comenzar a otorgar permisos, licencias y autorizaciones para la producción, procesamiento, distribución, exportación e importación de cannabis medicinal y cáñamo industrial.
Este trabajo será desarrollado de manera coordinada con otros organismos estatales, como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa); los Institutos Nacionales de Semillas (INASE), Tecnología Agropecuaria (INTA) y Tecnología Industrial (INTI); la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).
Ley de Cannabis: el detalle de la normativa
La industria cannábica se encuentra en plena expansión a nivel global, desde hace una década, abriendo las puertas a emprendedores, Pymes e inversores en un negocio que esta revolucionando el mercado. En Estados Unidos, uno de los países que mayores avances ha tenido en materia del consumo de derivados del cannabis, ya genera alrededor de 350.000 puestos de trabajo. Inclusive, en plena pandemia, cuando la mayoría de los sectores de la economía perdían fuentes laborales, la industria del cannabis creció un 30 % en 2020.
En esta oportunidad, Argentina, da el “salto” en el momento oportuno, para crear nuevas oportunidades de inversiones y de empleo genuino.
El primero en darlo fue Uruguay, en 2013, con la sanción de la ley 19.172 que regula la producción, distribución y venta del cannabis en el país vecino. Dicha nación se convirtió en unos de los países pioneros de la legalización del consumo y producción de la planta. Uno de los puntos interesantes para analizar es la salida exportadora que tuvo el sector a partir de la regulación por parte del estado.
Según un informe de la agencia gubernamental “Uruguay XXI”, desde puertos uruguayos, en 2022, se vendieron más de 16 toneladas por unos USD 5,3 millones, donde el 83 % del total de las exportaciones fueron flores para fines terapéuticos. En un contexto macroeconómico complejo para Argentina, diversificar la oferta exportable, significa aumentar el ingreso de divisas y la presencia de bienes nacionales en el mercado internacional.
A partir de la sanción de la ley 27669 y tiene como función elevar al ARICCAME propuestas y estudios destinados a mejorar su plan de trabajo. Por su parte, como indica el Artículo 4 de dicha legislación, la agencia es el organismo competente para regular, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis y de sus productos derivados. Al mismo tiempo, tendrá como función regular -entre otras- la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales.
Este es un punto muy importante, ya que dicho organismo descentralizado va a estar encargado de otorgar las licencias a través de una Ventanilla Única del ente. Para el 2023 se estima que se van a emitir entre 80 y 100 licencias para la producción de cannabis en el país. Francisco Echarren, presidente del ARICCAME, sostuvo en sus redes sociales que la reglamentación nacional es de “vanguardia en el mundo”. Y destaca, que, en el decreto a publicarse, se lograron objetivos muy importantes como determinar el 1 % de THC, permitiendo ampliar, descentralizar y mejorar la calidad de la matriz productiva. Al mismo tiempo, el Intendente de Castelli, señaló “este es un paso histórico, Argentina tiene oportunidad de desarrollo e inversiones certeras para las economías regionales”
Para poder superar las barreras y dificultades incipientes es importante que el ARICCAME firme acuerdos de cooperación conjunta con entes administrativos de los países que han avanzado en legislaciones ya vigentes con respecto al cannabis. Varios empresarios del sector en Uruguay afirman que la ley es ambigua y presenta muchas lagunas en materias que deberían ser explícitamente reguladas para dar transparencia a la industria, en particular a la rama medicinal, sin olvidar que detalles ajenos al ámbito legislativo del país vecino también ralentizan el crecimiento del sector, entre ellos la regulación de otros países para operar con empresas relacionadas con la cadena productiva del cannabis.
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