Posted by Amplía las posibilidades de facturación, permite optar por el pago de obra social y bonifica aportes jubilatorios. Qué ventajas tiene frente al monotributo social y cuáles son las condiciones para acceder.
El ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó que tras las PASO que definirán los candidatos para las elecciones 2023 se pondrá en marcha, vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el monotributo productivo para las y los trabajadores de la economía popular. La nueva herramienta permitirá a quienes se inscriban una mayor facturación en tanto que, a diferencia del monotributo social vigente para el sector, tendrá la opción de aceptar o no el componente de aportes de obra social y contará con beneficios en los aportes jubilatorios para hacer más accesible el pago mensual.
Según pudo saber El Destape, esta medida apunta a lograr una mayor formalidad para las y los trabajadores de la economía popular y se firmaría por decreto luego de las elecciones primarias. La inscripción será por dos canales: AFIP y Desarrollo Social.
Al respecto, Pablo Chena, Director de Economía Social y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, analizó en diálogo con este portal que “es un avance positivo en el marco de posibilidades actuales” y destacó que “sienta un antecedente importante para que el año que viene se pueda contemplar en la ley de Presupuesto y apuntar a que efectivamente salga la Ley de Monotributo Productivo con todas las características propuestas”, en relación al proyecto impulsado por los movimientos sociales hace más de un año, aunque a la fecha no avanzó en el Congreso.
Cómo será el nuevo monotributo
El monotributo productivo que saldrá por DNU “tiene como antecedente un monotributo que ya existe, que se modifica por decreto, el llamado monotributo promovido para la inclusión social, y a su vez los cambios buscan aproximarse de la mejor manera posible a la propuesta de ley”, explicó Chena sobre las características de la nueva medida.
Un primer aspecto de este monotributo productivo es que ampliará la facturación permitida, extendiendo el límite de monto posible a la categoría B (hasta $2.103.025 anuales). En ese sentido si se lo compara con el monotributo social, la modalidad de registración vigente para este sector del trabajo, hoy tiene un límite de monto menor (hasta la categoría A- $1.414.762 anuales).
Otro punto tiene que ver con el componente de la obra social que, en este caso, será opcional para quienes se inscriban, pudiendo optar por la atención pública. En el monotributo social el aporte de la obra social es obligatorio teniendo que abonar el trabajador un 50% del total, mientras que la otra mitad está a cargo del Estado. El monto de pago aproximado ronda los $1.530.
En tercer lugar, sobre los aportes jubilatorios, por 3 años se aportará el 1% de lo facturado con un límite del 25% del aporte mensual del monotributo que corresponde a la misma categoría. El monto de pago actual rondaría así los $600. A partir de los 36 meses se aportará el 2,5% de lo facturado mensualmente. En este aspecto se diferencia del monotributo promovido para la inclusión social, tomado como base del decreto, que tiene un descuento previsional mayor (5%) en la actualidad.
Un incentivo que se agrega para este monotributo es que, quienes estén inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP), tendrán otro beneficio ya que el Ministerio de Desarrollo Social cubrirá la diferencia entre el aporte del titular y la cuota total de aporte jubilatorio que fija la ley. “Si facturó el 1% y llegó al tope del 25% ($600) el Ministerio se hace cargo de los otros $1.400 aproximados para que se le complete el aporte del trabajador. Si no se inscriben, a fin de año deberían cubrir cada trabajador lo que falta”, ejemplificó Chena.
Según comentó, el objetivo es “avanzar en la escalera de la formalización para quienes están inscriptos en el ReNaTEP, ya que un primer paso es la inscripción en el registro pero luego apuntamos a un reconocimiento del trabajador a través de formalizar la comercialización de lo que produce, con derecho a jubilarse y acceso a la atención de salud”. Además aseguró que en paralelo esto permitirá “incentivar la inscripción de aquellos trabajadores y trabajadoras que son de la economía popular y que por algún motivo no se han inscrito y ahora tienen un incentivo más para hacerlo”. De acuerdo con los últimos datos oficiales sobre el porcentaje de inscripción fiscal de quienes integran el ReNaTEP, sólo el 10,5% está inscripto en algunas de las categorías del régimen simplificado para pequeños contribuyentes y el 9,7% corresponde al monotributo social. Estos porcentajes descienden en la población joven del sector en torno al 6%
Si se analiza el nuevo monotributo en relación a lo que propone el texto del proyecto de ley presentado en el Congreso las diferencias radican en que la propuesta legislativa apunta a ampliar la facturación hasta la categoría C y en el caso del componente de aporte jubilatorio propone la gratuidad de pago por dos años y luego un aporte del 50%, que cambia en el tiempo según la evolución de los ingresos del trabajador.
Impacto en el conjunto de la economía
Un aspecto que se resaltó sobre esta nueva medida es que además de beneficiar al sector de la economía popular como tal puede tener impacto favorable en el resto de la actividad económica, en diferentes eslabones de la cadena productiva y en una mayor recaudación fiscal.
Sobre ello Chena dijo a este medio que “la formalización del sector es muy importante porque también permite que se formalicen otros sectores que comercializan con la economía popular, quienes le venden insumos o se los compran, hoy lo están haciendo con un sector informal por lo que ellos mismos comercializan informalmente una parte de la producción, cuando correspondería -por ejemplo- pagar impuestos por tal o cual transacción. Si nosotros formalizamos la economía popular, obligamos a que incremente la formalización de aquellos que transaccionan con el sector en sus diferentes eslabones”.
MÁS INFO
Entre la diversidad de ramas productivas que se engloban en el marco de la economía popular existen algunas con mayor presencia de trabajadores independientes, más vinculados a oficios como jardineros, electricistas, peluquería y servicios personales varios, y otros donde predominan las unidades asociativas, como en trabajos comunitarios y de cuidados. En total son ocho las ramas actuales de inscripción formal para este sector: Comercio popular y trabajos en espacios públicos, Recuperación, reciclado y servicios ambientales, Construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental, Industria manufacturera, Servicios socio-comunitarios, Agricultura familiar y campesina, Transporte y almacenamiento y Servicios personales y otros oficios.
Realidades del sector
Según los últimos datos relevados por el ReNaTEP, son 3.618.606 las y los trabajadores de la economía popular en el país. De ese total sobresale el porcentaje mayoritario de mujeres (58,2%) así como una fuerte presencia de población joven, un 44% se ubica entre los 18 y 29 años de edad.
“Una característica que viene planteando la economía popular respecto del sector formal tradicional es que, por un lado, tiene una mayor cantidad de trabadoras mujeres, más de la mitad, y por otro, tiene mucha más juventud comparado con el sector formal. Estamos hablando de que, por ejemplo, el SIPA registra trabajadores de 18 o 25 años en un total de 462.674 y en el ReNaTEP en esa misma franja etaria los jóvenes llegan a 867.688. Eso habla de la fuerza del sector y también de la precariedad en la que están trabajando nuestros jóvenes, que más que desempleo sufre precariedad laboral”, analizó Pablo Chena, Doctor en Economía y docente.
Según el relevamiento, en 10 provincias del país (Tucumán, Chaco, Salta, Santiago del Estero, Misiones, Jujuy, Formosa, Corrientes, Catamarca y La Rioja) las inscripciones al ReNaTEP superan a las y los trabajadores asalariados del sector privado registrado. En lo que respecta a la distribución por ramas de actividad, Servicios Personales y otros oficios y Servicios Socio Comunitarios concentran el 63,1% de los casos, seguidas por Comercio popular y Trabajos en Espacios Públicos (11,7%).
Un aspecto no menor que aclaran desde el sector es que, más allá de quienes ya figuran inscriptos en el registro oficial, las estimaciones llevan a considerar que “existe un horizonte de entre 8 y 9 millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular en el país”. Esto tiene que ver con que “la economía popular es una economía subterránea, que en muchos casos está muy profunda en los barrios populares, y cuesta más el proceso de acercamiento al Estado y la registración. Muchos también se acercaron siempre al Estado no en la condición de trabajadores sino en la condición de vulnerables, entonces cuando les proponemos la inscripción como trabajadores y trabajadoras al registro, genera resquemores por varios motivos y ahí es donde hay que trabajar”, explicó el funcionario a El Destape.
Acceso al suelo, al crédito y a la vivienda
La agenda de la economía popular es amplía. La formalización con acceso a derechos laborales va de la mano de otros derechos como un techo digno, acceso a crédito productivo y a la tierra para los agricultores familiares.
“La agenda de tierra, techo y trabajo está compuesta por más de 20 leyes. Muchas de ellas tienen que ver el acceso a maquinarias para trabajar y tenemos una agenda fuerte en lo que hace al crédito no bancario para la economía popular, para que puedan acceder a maquinarias e insumos, capital de trabajo, que muchas veces es la principal falencia que tienen nuestras cooperativas para crecer”, señaló el entrevistado.
Finalmente comentó que la agenda de acceso a la tierra, que incluye la tierra rural y urbana, es otro de los pilares que sostiene este sector. “Se trabaja en un esquema para que en las tierras fiscales, que pueden ser utilizadas en forma productiva y hoy están ociosamente en el Estado, se establezca un mecanismo de acceso para los agricultores familiares. En el caso de las tierras urbanas también se apunta a establecer un mecanismo de formalización de tenencia de la tierra para que puedan acceder a servicios y urbanización, es importante el trabajo de la Secretaría de Integración Socio-Urbana que fue generando cambios en los barrios populares, una política para tener en cuenta y potenciar en el próximo gobierno”.
ElDestapeweb