Diputados recibió a profesionales de la arquitectura para analizar el nuevo régimen de ordenamiento territorial

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La Comisión de Legislación General, que preside Maximiliano Mascheroni, en su último encuentro recibió a Nicolás Lindow, presidente de la Unión de Arquitectos/as de la provincia, y a Patricia Maldonado, miembro de la Comisión de Urbanismo del Colegio de Arquitectos, para recibir su valiosa perspectiva respecto al proyecto enviado por el Ejecutivo para crear el Régimen Provincial de Ordenamiento Territorial, iniciativa que busca dirigir políticas públicas hacia el desarrollo sostenible de Catamarca a través de la regulación del uso del suelo como recurso natural, económico y social.  

Tras el encuentro, Maldonado expresó la importancia de abrir un debate público sobre esta ley, señalando que fue oportuna la invitación para opinar sobre este tema ya que “para nosotros es muy importante el tratamiento de esta ley, que viene trabajando desde hace varios años el Ministerio de Planificación”. Además dijo que adquiere relevancia que la iniciativa “sea debatida públicamente, porque tiene diversas implicancias las cuales de alguna manera impacta en la vida de muchas personas”. “Es necesario que Catamarca tenga esta la ley” subrayó, para comentar que durante el encuentro se hicieron observaciones en algunos artículos y que se acordó “realizar una presentación formal por escrito junto a sugerencias de temas que estén incompletos o que consideremos importantes incorporar para la Ley”.

Por su parte, Lindow especificó que las observaciones realizadas fueron desde la perspectiva técnica profesional. “Estamos convencidos que para que este tipo de leyes funcionen, tengan instancias intermedias de control, de gestión, de actualización y que no queden simplemente en un instrumento del Ejecutivo que luego pueda modificarse”. Las y los integrantes de la Comisión recalcaron estar abiertos a las opiniones y continuar con la ronda de consultas a otras instituciones y organismos.

En tanto, la Comisión emitió despacho favorable a dos proyectos de ley y uno de resolución. En este sentido, una de las iniciativas de ley es la impulsada por Raúl Barot para oficializar como Bandera del departamento Santa Rosa la insignia instituida mediante el concurso “Buscando la Bandera Santarroseña”. El otro proyecto de normativa con aval de la Comisión es el propuesto por César Augusto Ojeda, quien apunta a establecer el 24 de diciembre de 1748 como fecha de fundación del Departamento El Alto. La última iniciativa con despacho fue la resolución de Hugo Ávila solicitando al Ejecutivo informe sobre los motivos que impidieron el acto de egresados de 130 cadetes de la Escuela de Policía para su posterior incorporación a las fuerzas de seguridad.

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Luz verde a iniciativas de defensa de los Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos, bajo la dirección de Alfredo Marchioli, ha tomado decisiones significativas en su más reciente encuentro al dar su respaldo a dos proyectos de Ley para la sociedad catamarqueña. La primera iniciativa, presentada por Adriana Diaz (Frente de Todos) busca crear el Programa Provincial de Promoción de Políticas contra el Negacionismo del Terrorismo de Estado en Catamarca. Esta propuesta tiene como objetivo prevenir, identificar, denunciar y difundir conductas negacionistas relacionadas con crímenes de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos, autoritarismo y terrorismo de Estado ocurridos durante las dictaduras cívico-militares o gobiernos democráticos. Diaz enfatiza que esta herramienta servirá para promover debates constructivos y consolidar el acuerdo político y social conocido como “Nunca Más” en la sociedad.

La segunda propuesta respaldada por la Comisión es de María Argerich (FT) quien propone la creación de la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio. Esta iniciativa tiene como objetivo establecer un espacio interdisciplinario, intersectorial e interministerial para abordar de manera conjunta y corresponsable el problema del suicidio en Catamarca y desarrollar estrategias de prevención. El proyecto resalta la necesidad de un marco institucional que permita un enfoque estratégico, integral e interinstitucional en toda la provincia para hacer frente a esta problemática.

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