Posted by Por Julián Ríos Monroy
Cuando le mostraron la fotografía del cuerpo sin vida de su hijo, María Ubilerma Sanabria notó que sus pestañas largas y abundantes estaban pegadas. Solo pudo pensar en lo mucho que había llorado su Jaime Estiven, su niño, que se marchó el 6 de febrero del 2008 con la promesa de un trabajo nuevo para ayudar con los gastos de la casa, pero pronto dejó de comunicarse. Llevaba varios meses desaparecido cuando la Fiscalía contactó a María para mostrarle aquellas imágenes que marcaron el comienzo de un viaje de casi 700 kilómetros desde Soacha hasta Ocaña, Norte de Santander, donde estaba la fosa común en la que dejaron el cadáver del muchacho de 16 años.
Cuando quiso reclamarlo, a María le preguntaron si iba por “uno de los guerrilleros” que había caído en un combate con el Ejército. Su dignidad le sirvió de armadura para responder que su hijo no era ningún guerrillero e iniciar una batalla para limpiar su nombre y demostrar que su asesinato fue un crimen de Estado. Una batalla que ha dado desde hace 15 años junto al grupo de Madres de Soacha, que le costó amenazas y la obligó a salir del país, pero dio frutos.
Este martes 3 de octubre, desde el exilio, María será una de las víctimas que escuchará de voz del ministro de Defensa, Iván Velásquez, el reconocimiento del Estado y su solicitud de perdón por las ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por el Ejército, mal llamadas “falsos positivos”. El evento se realizará en la plaza de Bolívar de Bogotá y será la primera vez que un alto funcionario del Estado reconoce de forma pública la responsabilidad estatal en estos crímenes.
El presidente Gustavo Petro confirmó, a través de su cuenta de X (antes Twitter) que acompañará el acto. “”Espero dar una intervención central sobre lo que estos hechos y el tipo de régimen que los produjo y que significa para el país. Los y las espero en la plaza de Bolivar. Espero a toda la juventud bogotana en representación de las juventudes del país a este acto que nos muestra cómo un Estado desató el oprobio.
El origen del acto es una medida restaurativa dictada en 2015 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander frente al caso de Jaime Estiven Valencia Sanabria. Aunque han pasado ocho años, la orden no fue acatada por gobiernos pasados.
“Hubo varias trabas de ministros anteriores para cumplir con este acto, que es un gran paso para demostrar que lo que pasó con nuestros familiares fueron crímenes de Estado, que esos asesinatos fueron una práctica sistemática del Ejército, que no eran guerrilleros y no era que ‘estuvieran recogiendo café’, como dijo el expresidente Álvaro Uribe para justificar sus asesinatos”, aseguró la lideresa Jacqueline Castillo, vocera de las Madres de Falsos Positivos de Soacha y Colombia (Mafapo), organización a la que pertenecen la mayoría de las víctimas a las que se les pedirán disculpas en el acto.
El reconocimiento llega en el momento de mayor avance de Colombia en el esclarecimiento de la verdad sobre los falsos positivos. Luego de más de una década de escasos resultados en la jurisdicción penal militar y la justicia ordinaria, en julio de 2018 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió el macrocaso 03, que investiga las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
La JEP estableció que solo entre 2002 y 2008 hubo al menos 6.402 víctimas de estas ejecuciones, y tras sus primeras imputaciones 22 militares y un civil reconocieron su responsabilidad y les pidieron perdón a las víctimas por los casos de Norte de Santander y la costa Caribe. Aunque el acto encabezado por el ministro Velásquez no está relacionado con la labor de la Jurisdicción, abre un camino poco explorado en el país en materia de responsabilidad política.
“Si bien este ministro no tiene nada que ver con los falsos positivos, él representa a la institución y, en cabeza de la fuerza pública, está haciendo un reconocimiento de responsabilidad política por algo que nunca debió haber pasado. Es un paso muy importante hacia este camino de la paz estable y de la reconciliación”, aseguró María Camila Moreno, directora del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés).
Moreno agregó que el acto de disculpas públicas es “un paso en la dirección correcta” hacia el reconocimiento de las víctimas, su dolor y su lucha, pero también es un mensaje en contra del negacionismo. “Lamentablemente, en este país todavía hay sectores de la sociedad que niegan o minimizan estos hechos dolorosísimos, que nunca debieron haber sucedido”, dijo.
Las trabas para cumplir el acto de disculpas
Según Pilar Castillo, directora de la Asociación Minga, que representa jurídicamente el caso de Jaime Estiven, ha habido trabas para cumplir la medida restaurativa proferida por el Tribunal de Norte de Santander.
La sentencia ordenó la realización —en cabeza del ministro de Defensa, el comandante de las Fuerzas Militares y el comandante del Batallón de Infantería N.° 15— de un acto público de reconocimiento de responsabilidad, petición de disculpas y reconocimiento a la memoria del menor de edad, en donde exalte su dignidad humana.
“Cuando salió la decisión y empezaron los diálogos con el gobierno de Iván Duque, siempre hubo falta de voluntad de los delegados del Ministerio de Defensa, entonces encabezado por Diego Molano. Primero argumentaron que por la pandemia no se podía, luego que por temas de seguridad, y así se fue dilatando el tema los cuatro años. Ellos buscaban hacer un acto en un lugar cerrado, pero las víctimas siempre rechazaron eso porque la idea es que sea un acto público en el que todas las personas interesadas puedan participar”, cuenta Castillo.
Para Óscar Ramírez, director de litigio de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), las trabas para cumplir con estas medidas de reparación tienen detrás la negativa de una parte del Estado a reconocer estos crímenes, a pesar de que se ha demostrado su responsabilidad tanto en tribunales nacionales como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“Estos actos eran una deuda histórica de los gobiernos frente a fallos judiciales, aunque se construyen desde lo simbólico. Desde hace bastante tiempo en materia de derechos humanos se entendió que no solo se trata de una reparación económica, sino una reparación desde el alma, y una de las formas de avanzar en eso es pidiendo perdón”, dijo Ramírez.
El acto de este 3 de octubre, además de ser público, no se restringirá al caso de Jaime Estiven Valencia, sino que incluirá a familias cobijadas por sentencias de otros tribunales contenciosos administrativos y del Consejo de Estado, en las que se ordenó a las Fuerzas Militares y al Ejército Nacional presentar excusas públicas a las víctimas y la sociedad, así como a otras víctimas de ejecuciones extrajudiciales en los que la justicia probó la responsabilidad del Estado, pero no ordenó actos de disculpas públicas. En estos casos, el Ministerio de Defensa aceptó incluirlas como acto de reparación integral y justicia.
“Este acto de disculpas públicas también es una oportunidad para que el Estado colombiano reconozca la gravedad de los crímenes cometidos contra estos jóvenes, se comprometa con el esclarecimiento de la verdad identificando y judicializado a los máximos responsables”, afirmaron en un comunicado conjunto las madres y los familiares de Mafapo, la Asociación Minga, la CCJ, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, organizaciones que representan a las víctimas.
Los 19 jóvenes incluidos en el acto son Jaime Estiven Valencia Sanabria, Elkin Gustavo Verano Hernández, Daniel Alexánder Martínez, Jaime Castillo Peña, Víctor Fernando Gómez Romero, Joaquín Castro Vásquez, Eduardo Garzón Páez, Julián Oviedo Monroy, Diego Armando Marín Giraldo, Mario Alexánder Arenas Garzón, Diego Alberto Tamayo Garcera, Jader Andrés Palacio Bustamante, Ómar Leonardo Triana Carmona, Óscar Alexánder Morales Tejada, Edwar Benjamín Rincón Méndez, Weimar Armando Castro Méndez, Deiby Julián Pisa Gil, Jonás Ariza Barbosa y Carlos Redondo.
Se espera que además del ministro Velásquez intervengan el general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, comandante del Ejército Nacional, además de representantes de la comunidad internacional y familiares de los jóvenes asesinados presentados como bajas en combate. Previo al inicio del acto, las familias tendrán una reunión privada con el ministro, donde le plantearán sus reparos frente a la atención del Estado y los avances en la justicia.
La verdad y la justicia no son las únicas deudas
Aunque el acto de reconocimiento y perdón es un avance significativo en la lucha de las víctimas, hay varios puntos pendientes.
A los múltiples desafíos que se han tenido que enfrentar los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales se suman las deudas que se han acumulado en los cementerios donde están enterrados sus familiares. “Normalmente, después de cuatro años los cuerpos deben ser pasados a osarios, pero como en nuestros casos son cuerpos que aún son objeto de investigación forense, no se pueden sacar, y eso ha generado deudas para varios familiares de las víctimas”, cuenta Jacqueline Castillo.
En algunos casos, las deudas en los cementerios superan los $10 millones, por lo que los familiares han tocado las puertas de distintas entidades del Estado para que se encuentre solución al tema. La preocupación es latente porque incluso se han registrado casos en los que arbitrariamente los cuerpos han sido exhumado debido a la falta de pagos.
“Sin embargo, la deuda más importante que se mantiene es que no ha habido un aporte pleno de verdad ante la justicia por parte de los militares y civiles involucrados en los mal llamados falsos positivos”, aseguró Castillo, vocera de Mafapo.
De hecho, varias de las víctimas y abogados consultados por Colombia +20 aseguraron que siguen a la espera de que la JEP establezca la responsabilidad de los altos mandos, pues hasta ahora la mayoría de militares procesados son de rangos medios y bajos.
También hay dudas sobre las sanciones que el alto tribunal les impondrá a quienes ya aceptaron su responsabilidad. Pilar Castillo, directora de la Asociación Minga, sostiene que “las propuestas de los militares, para nosotros, no logran cumplir de manera satisfactoria con el grado de justicia que se espera”.
Otra de las peticiones es que se agilicen las labores de búsqueda de los jóvenes que fueron asesinados y desaparecidos por el Ejército pero aún no han sido hallados. Ese es el caso de Óscar Morales Tejada, quien fue víctima de ejecución extrajudicial en 2007. Aunque hace más de cinco años se presume que su cuerpo reposa en un terreno del municipio de El Copey, Cesar, sus restos no han sido hallados.
“Consideramos este un paso más para enfrentar la impunidad que ha rodeado estos casos: honrar la memoria de quienes hoy no nos acompañan físicamente y enaltecer la lucha de las familias que, pese a las dificultades para acceder a la justicia, siguen en su búsqueda”, dijeron en su comunicado conjunto las organizaciones y las víctimas.
Este martes, en la plaza de Bolívar, cientos de ellas se reunirán para escuchar desde los más altos estamentos del Estado y las Fuerzas Militares que ellas no se equivocaban en sus denuncias y que los asesinatos de sus familiares “nunca han sido falsos ni positivos”.
El Espectador en NODAL