Posted by Tras aprobar el informe en la comisión -donde el oficialismo tiene mayoría- se dio traslado a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti para que tengan la posibilidad de hacer su descargo, si así lo decidieran.
El oficialismo de la Cámara de Diputados justificó las causales de mal desempeño contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia y reiteró sus cuestionamientos a los integrantes del máximo tribunal, al sostener que “no cumple con su rol constitucional” y advertir que actúa “como constante contradictor de las decisiones del Congreso o del Poder Ejecutivo”.
Las causales están plasmadas en cuatro extensos informes que fueron presentados esta tarde en la reunión de la Comisión de Juicio Político, que preside Carolina Gaillard (Frente de Todos). Tras aprobar el informe en la comisión -donde el oficialismo tiene mayoría- se dio traslado a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti para que tengan la posibilidad de hacer su descargo, si así lo decidieran.
A través de los informes, los diputados ratificaron además, entre otras cuestiones, su advertencia en torno a “la connivencia y la negociación entre miembros de la Corte Suprema con funcionarios” del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que derivó en el fallo de coparticipación que benefició al distrito porteño, al convalidar el aumento de recursos dispuesto por el entonces presidente Mauricio Macri.
En los informes se analiza el accionar de los integrantes de la Corte Suprema por el fallo vinculado con la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, la “cooptación” por parte del máximo tribunal del Consejo de la Magistratura; las irregularidades en la obra social de los empleados judiciales y el fallo “Muiña” de 2008 que benefició a condenados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.
“La Corte no cumple su rol constitucional actuando como si fuera un constante contradictor de las decisiones del Congreso o del Poder Ejecutivo, esto es, de las autoridades electas de modo directo por el pueblo. Tampoco cuando se constituye en una suerte de tercera cámara legislativa, derogando con efecto general las leyes que no le agradan o dictando las que las reemplacen, como ocurrió en el caso de la ley del Consejo de la Magistratura”, asegura el informe.
En torno a la coparticipación, los diputados oficialistas advirtieron que se trató de “una resolución arbitraria e irregular en virtud de que contiene graves vicios jurídicos y en los que se advierte o se puede presumir, además, un claro desvío de poder por parte de los jueces a raíz de la vulneración del principio de independencia e imparcialidad en el que incurren los supremos”.
Sostuvieron que esa situación “revelaría la clara intención de favorecer o perjudicar a una de las partes del proceso haciendo una interpretación y aplicación manifiestamente arbitraria del derecho vigente” y advirtieron sobre una “connivencia entre algunos jueces integrantes de la Corte Suprema de justicia con la fuerza política que administra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.
Sobre el fallo que benefició a genocidas, los diputados hicieron referencia a los lineamientos jurídicos defendidos en el voto del juez Rosenkrantz en el caso “Muiña”, al sostener que “resultan abiertamente contrarios a los lineamientos y exigencias fundamentales del derecho internacional y del derecho constitucional argentino sobre la sanción efectiva y adecuada contra los crímenes de lesa humanidad”. “Se postula que este magistrado ha incurrido así en un inaceptable mal desempeño de sus funciones”, afirmaron los diputados.
En torno al Consejo de la Magistratura, los legisladores advirtieron que “Rosatti se erigió en Presidente del Consejo, cuando elementales reglas éticas se lo impedían” y consideraron que “dado el contenido de la decisión que iba a adoptar la Corte, Rosatti debió excusarse de tomar parte de una resolución que, obviamente, lo involucraba de manera directa”. Asimismo, afirmaron que los integrantes del máximo tribunal “se arrogaron, con arbitrariedad manifiesta, la administración del Poder Judicial y la selección y control disciplinario de jueces y juezas de instancias inferiores”.
Respecto a la obra social de los empleados judiciales, los legisladores hacen referencia a la falta de control del organismo por parte de quien era su administrador, el juez Juan Carlos Maqueda, al advertir sobre “las graves inconsistencias e irregularidades en la administración de la OSPJN, consentidas por la supervisión y fiscalización que se realizaba de la misma por parte de la CSJN, en cabeza del doctor Maqueda”.
En ese sentido, pusieron de relieve el “deterioro de las prestaciones de la OSPJN, que motivaban diferentes reclamos sectoriales, también fue constatado a través de diferentes testimonios” ante la comisión. “Este proceso ha puesto de manifiesto que la Corte interviene en decisiones políticas y creemos que sus integrantes han incurrido en mal desempeño. No honraríamos nuestra función si no lo señaláramos. Es lo que haremos en este Informe que pretende ser técnico y político, respetuoso de las instituciones, pero también de las personas”, advirtieron.
Asimismo, los legisladores sostuvieron que “el proceso en la Comisión desarrolló la investigación con altura aún con posiciones vehementes de los integrantes de los diversos partidos que actuaron. Quienes suscribimos advertimos luego de transitar el proceso que no existe diálogo institucional de la Corte con la representación mayoritaria expresada en el Poder Ejecutivo, el Congreso y las provincias”.
“Se trata de un problema de primera magnitud que más allá del resultado de este proceso debemos quiénes encarnamos las instituciones sobrellevar y resolver”, enfatizaron los legisladores, al reiterar su convencimiento “de los errores de los jueces” denunciados a lo largo de todo el proceso iniciado por la comisión el 26 de enero pasado.
Con información de Telam en ElDestapeweb