En el equipo de campaña de la candidata a Presidenta sostienen que los audios filtrados son “escuchas viejas” y que se trata de “fuego amigo” dentro de Juntos por el Cambio. El espionaje ilegal vuelve a encender la interna de la oposición.
El entorno de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones 2023, Patricia Bullrich, no le esquivó a la difusión de “los audios de Carlos Melconian” y un importante dirigente de ese espacio le confirmó a El Destape que “son verdaderos”. De todos modos, buscaron poner paños fríos y aseguraron que se trata de “escuchas viejas” lo que se conoció acerca del eventual ministro de Economía en un gobierno de Bullrich.
De acuerdo a lo que surge de “los audios de Melconian”, los mismos sonluego de que el economista renunciara a su cargo como presidente del Banco de la Nación Argentina durante el mandato de Mauricio Macri, a principios del 2017. “Reconocen que (Mauricio Macri) espió a Melconian cuando era presidente del Banco Nación… Cómo naturalizamos en Argentina que hay un señor que espió a todo el mundo”, marcó el periodista y director El Destape Sin Fin, Roberto Navarro.
Los audios mencionados se hicieron virales en la plataforma “X” (ex Twitter), bajo la tendencia #MelcoGate luego de que el periodista Tomás Méndez -en Canal Extra– publicara una serie de intercambios telefónicos del político con su mano derecha Facundo Maino y una mujer con quien habría tenido encuentros íntimos a cambio de cargos públicos.
“Ya con este tema entre que te hacen voces con inteligencia artificial, te recortan videos, te meten audios que nadies abe de dónde salen… La verdad es que vayamos a las cosas que son explícitas y concretas: Tomás Méndez no es un periodista, es una basura, en el sentido no de persona porque no califico a las personas como basuras, sino por las cosas que hace”, lanzó Bullrich en diálogo con Radio Rivadavia durante la jornada del miércoles pasado.
En esa línea, la candidata cambiemita aseguró que todo le parece “sucio” y que estos hechos son “un instrumento de las campañas” electorales. “Tendrían que tener trazabilidad, porque no cualquiera puede poner cualquier cosa en cualquier lado. Son operaciones de quinta categoría, Argentina está acostumbrada a ellas”, cerró. Tras sus declaraciones radiales, desde el bullrichismo señalaron que se trata de escuchas ilegales y que además, es “fuego amigo” dentro de Juntos por el Cambio.
No es la primera vez que se habla de escuchas y filtraciones durante los cuatro años de macrismo. En febrero del año pasado, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, entregó un escrito al juez federal Marcelo Martín de Giorgi en el cual informó que se halló un sistema informático denominado “SIDEA (Sistema de Administración)” que recibía interceptaciones telefónicas realizadas por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) -dependiente de la Corte Suprema de Justicia-. En total, se hallaron 105 mil registros de escuchas ilegales durante el gobierno del expresidente Macri.
Según la funcionaria, se trató de un sistema autorizado por el titular de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, imputado en la causa por espionaje ilegal. “Si bien las interceptaciones podrían haber sido ordenadas por jueces, el volumen da cuenta que no se destruían una vez entregadas a la Justicia y, más grave aún, se almacenaban conversaciones que en muchos casos no eran de interés para las investigaciones“, explicaron en un comunicado desde el organismo.
Otro de los casos más recordados fue el del exvicejefe de Gobierno porteño y precandidato a gobernador bonaerense en las últimas elecciones, Diego Santilli. A mediados del 2020, se convirtió en querellante de la causa que investiga el espionaje ilegal a políticos, gremialistas, jueces y periodistas. Al enterarse de que había sido víctima de escuchas, marcó: “Me generó una sensación de mucha tristeza y decepción; no solo por verme implicado en primera persona, sino porque evidencia la precariedad del sistema y cómo se emplean recursos y tiempo valioso en acciones sin sentido cuando debemos ocuparnos de asuntos que sí hacen la diferencia”.
A este se sumaban el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner, el gremialista Pablo Moyano, el ex intendente Pablo Bruera y el obispo Jorge Lugones, entre tantos otros.
Pero el plan sistemático de espionaje no finalizó allí: en la provincia de Buenos Aires, a cargo de la gobernadora María Eugenia Vidal, se dio una vigilancia masiva. El caso más llamativo fue el de la “Gestapo Antisindical“. Tras el gobierno cambiemita, se conoció en diciembre del 2021 la filmación de una reunión de jerarcas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con funcionarios de la por entonces mandataria y empresarios del Banco Provincia donde orquestaban la persecución del sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. “Si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, una Gestapo en vez de una fuerza inspectiva para terminar con el curro de los gremios, lo haría”, se lo escucha decir al ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas.
Fue lo que pasó: en lugar de hacer las denuncias correspondientes contra las supuestas presiones del “Pata” Medina metieron a la AFI a espiarlo, algo absolutamente fuera de sus funciones.
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