Pese a la insistencia de varios sectores de ampliar el proceso electoral, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidieron cerrar el proceso electoral este martes 31 de octubre y oficializa los resultados electorales.
La decisión se informó a través de un comunicado publicado en sus redes sociales en el cual aseguran que el TSE cumple con la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Además, los magistrados aseguran que con el Decreto 5-2023 del TSE, dan “certeza jurídica a los ciudadanos electos en los diferentes cargos de elección popular, tanto el 25 de junio como el 20 de agosto” y señalan que “estos resultados son inalterables“.
“Se garantiza la alternancia en el poder y el fortalecimiento en el régimen democrático”, refiere el comunicado.
Al mismo tiempo reconocieron y agradecieron a los más de 125 mil ciudadanos que integraron las Juntas Electorales Departamentales y Municipales, y a las Juntas Receptoras de Votos a nivel nacional e internacional por el “compromiso” con el “ejercicio de su deber cívico”.
Desde el 5 de octubre, varios partidos políticos y sectores sociales pidieron a los magistrados “blindar el proceso electoral” alargándolo hasta el 15 de enero. Ello con el propósito de que todos los candidatos electos puedan asumir los cargos por los que fueron electos.
La petición se realizó luego que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) iniciara varias investigaciones en contra del partido Movimiento Semilla que ganó las elecciones presidenciales el pasado 20 de agosto, así como contra los magistrados del TSE.
Las indagaciones llegaron al extremo que los fiscales allanaron las oficinas internas y externas del tribunal electoral, abriendo las cajas electorales que resguardaban las actas y votos de los ciudadanos, lo que fue interpretado como una afrenta en contra de la democracia y del binomio presidencial electo.
Ello provocó que cientos de personas iniciaran manifestaciones que llevan casi un mes, en donde exigen la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras, de los fiscales Rafael Curruchiche, jefe de FECI; y Cinthia Monterroso, a cargo de la investigación; así como del juez Fredy Orellana, quien ha autorizado todas las acciones judiciales que ha llevado el MP.
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