Posted by La ministra Pettovello volvió a incumplir la orden judicial y presentó un escrito donde dice que no entregaron los alimentos por decisión del gobierno anterior y que ahora cada provincia tiene que solicitar la mercadería y hacerse cargo del reparto.
La ministra de Capital Humano Sandra Pettovello incumplió de nuevo la orden judicial de entregar un plan de reparto inmediato de los alimentos que tiene almecenados y que al día de hoy suman 5,8 millones de kilos cuya fecha de vencimiento se acerca día a día. Al filo del plazo que le había dado el juez Sebastián Casanello, la ministra preferida de Javier Milei insistió en que enviará esa comida a escuelas vulnerables pese a que estas ya tienen presupuesto asignado para sus comedores que el gobierno les retacea. Informó que cada provincia deberá pedir la mercadería y hacerse cargo de la logística, o sea, que el gobierno nacional se corre de su responsabilidad en el reparto de estos alimentos. Y, en un giro argumental divorciado de la lógica, afirman que la decisión de no repartir la comida fue del gobierno anterior.
Hay algo clave en el escrito que presentó ayer ante la Justicia la ministra Pettovello: entregó el stock de alimentos al 19 de junio y allí consta que aún tienen sin entregar 5.825.946 kilos de comida. O sea, desde que El Destape reveló la existencia de esa comida hace un mes apenas repartieron la leche en polvo que vence en julio y nada más.
En la planilla donde figura el stock actual de alimentos guardados por Milei y Pettovello figuran las fechas próximas de vencimiento. Hay:
- Más de un millón de paquetes de lentejas de 400 gramos que tienen primera fecha de vencimiento a mediados de agosto
- 459.054 kilos de leche en polvo que tienen primera fecha de vencimiento el 18 de septiembre
- 259.334 paquetes de puré de tomate con primera fecha de vencimiento el 30 de septiembre
Estos vencimientos próximos ponen en riesgo su uso, ya que no está garantizado que se lleguen a distribuir y cocinar antes de esas fechas.
Sobre el reparto de la leche en polvo que casi se vence desde el ministerio de Pettovello dicen que “se verificó por medio de las áreas competentes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (a requerimiento y solicitud de la Ministra de Capital Humano) la existencia de 465 toneladas de leche en polvo que por la proximidad de su fecha de vencimiento se consideró oportuna y conveniente su inmediata distribución, para lo cual la Sra. Ministra de Capital Humano suscribió con la Fundación CONIN un Convenio a tal fin y se coordinó su inmediata distribución a través del Ministerio de Defensa”. Lo cierto es que fue el impulso de Juan Grabois como querellante en la causa por el no reparto de alimentos desde diciembre y la publicación por parte de El Destape de que esa leche estaba por vencer lo que derivó en el reparto discrecional a través de la Fundación CONIN, que a su vez exige a comedores y merenderos la entrega de fotos de los niños y chats internos de esas organizaciones sociales para entregarles algo de ese alimento.
El documento que presentó el gobierno tiene otra irregularidad. Señalan que también repartieron harina de maiz que estaba próxima a vencer, cuyo destino era San Isidro y Hurlingham pero terminó en el municipio de Capitán Sarmiento, donde manda Javier Iguacel, ex director de Vialidad de Mauricio Macri desde donde ser armaban las causas contra ex funcionarios kirchneristas. No explican por qué ese destino.
Esta nueva presentación dante el juez Casanello la firma Leila Gianni, subsecretaria Legal y Técnida del Ministerio de Capital Humano y frontwoman de este escándalo que tiene a Pettovello al borde del colapso. Tanto es así que recibió tuvo que recibir abrazo político del propio Mauricio Macri, tal como informó el periodista Werner Pertot.
El escrito es una nueva pieza impermeable a la coherencia argumental. En un párrafo, textual, dice: “entendemos de interés que el Tribunal conozca las especiales circunstancias que determinaron que este Ministerio dispusiera la entrega inmediata de productos alimenticios que se encontraban depositados (como quedara dicho con el fin específico de afrontar y asistir en situaciones de emergencia y catástrofe) en dependencias del ex Ministerio de Desarrollo Social y que fueran adquiridos por la anterior administración gubernamental y que no han sido repartidos por decisión del anterior gobierno”.
En un giro argumental insólito, ahora Milei y Pettovello dicen que esos alimentos “no han sido repartidos por decisión del anterior gobierno”. Y lo afirman después de insistir en que tenían “el fin específico de afrontar y asistir en situaciones de emergencia y catástrofe”, algo que no ocurrió ni luego de la tragedia que dejó 13 muertos en Bahía Blanca ni en las indundaciones que azotaron la provincia de Corrientes, donde por ejemplo el intendente de Paso de los Libres le pidió a Pettovello alimentos y la ministra ni siquiera le contestó.
Lo único cierto es que todos estos alimentos los compró el gobierno anterior: hace 6 meses que el Estado no compra nada. Peor, derivó 6.772 millones de pesos a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la compra de aceite y lentejas pero apenas gastaron la mitad de esos fondos en comida y no se sabe para qué usaron el resto. Misma incógnita hay con los más de 14.000 millones de pesos que enviaron al PNUD.
El juez Casanello le había dado un nuevo plazo de 72 horas al ministerio de Capital Humano para que cumpliera con la entrega de un plan de reparto inmediato de la comida. El ministerio de Pettovello volvió a incumplir esta orden judicial y lo que hizo ayer fue informar que convocó a todos los ministerio de Desarrollo Social provinciales a participar de la distribución de alimentos.
El gobierno reiteró que la comida se enviará a escuelas vulnerables, que ya tienen presupuesto asignado para compra de alimentos que el gobierno no les gira. Cada provincia tiene del 24 (ayer) al 28 de junio para efectuar el pedido de alimentos que serán repartidos según el Índice de Contexto Social de la Educación (ICSE) y el gobierno nacional se desentenderá de la distribución. “La adhesión implicará la obligación de proceder al retiro, a cargo de la jurisdicción, de los alimentos en las cantidades y ubicación que se establezcan mediante Convenio de Colaboración”, dice la nota presentada ante el juez Casanello. O sea, el gobierno nacional no se hace cargo del reparto, lo tienen que solventar las provincias.
En el escrito firmado por Gianni agregaron “el Informe publicado por el Fondo Monetario Internacional, quien destaca la labor que en materia alimentaria viene realizando hasta el momento el Ministerio de Capital Humano.” SIC.
El gobierno también entregó estudios sobre la yerba mate. En una de sus múltiples excusas para la falta de reparto de los alimentos decían que estaban en mal estado. Ahora presentaron estudios que confirman que se puede consumir y le piden al juez Casanello que les indique qué hacer. Impermeables a la coherencia de un mismo texto, al inicio del escrito plantean que el juez no tiene que decirles como manejar la política alimenticia. Todo así.
ElDestapeweb