En la octava sesión ordinaria de Diputados, el cuerpo aprobó un reconocimiento al logro de la primera cohorte de arquitectos de la Unca impulsado por Enrique Cesarini (PRO) y, la creación de un sistema digital para unificar información relevante sobre la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, proyecto que unificó las propuestas de Mónica Zalazar (Frente de Todos) y Gustavo Aguirre (FT).
El primer proyecto en contar con el respaldo del cuerpo fue la declaración de Interés Parlamentario del egreso de la primera cohorte de profesionales graduados en Arquitectura de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA). Cesarini, autor de la iniciativa, subrayó la relevancia de esta carrera, afirmando que su creación “la UNCA brindó a la sociedad una nueva oferta académica, evitando que los jóvenes emigren a otras provincias o al exterior para estudiar arquitectura”. El decano de la Facultad, Carlos Savio, quien estuvo presente junto a los dos primeros egresados, destacó que la carrera lleva siete años desde su creación y que ha recibido una valoración positiva desde otras provincias por su perfil profesional. “Esta casa de altos estudios puso todo el esfuerzo en lograr acreditar la carrera y formar personal técnico avanzado, rediseñando la currícula para adaptarla a Catamarca” comentó Savio.
La segunda iniciativa aprobada por Diputados fue la media sanción a la creación del Sistema Digital de Información Unificada (Sidiu) en Catamarca. Este sistema tiene como objetivo centralizar en un solo sistema de procesamiento y analítica de datos toda la información relevante sobre situaciones singulares o posibles vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes. Zalazar explicó la necesidad de esta herramienta, mencionando que “permite la detección temprana de signos de abuso y negligencia, facilitando rápidas intervenciones efectivas y evitando daños irreparables”. Aguirre, por su parte, añadió que el Sidiu integrará diversas bases de datos y su implementación será obligatoria para la Secretaría de Familia, instituciones de salud pública y privada, establecimientos educativos, fuerzas de seguridad, centros de recepción de denuncias, juzgados de familia, fiscalías penales y el Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes.
“Esta herramienta permitirá un enfoque integral en la protección de nuestra infancia, asegurando que cada institución involucrada tenga acceso a la información necesaria para actuar de manera eficiente y coordinada”, subrayó Aguirre.