Posted by El anuncio es parte de la implementación del Plan de Seguridad Productiva anunciado en el marco de la aprobación en el Senado de la llamada Ley Bases, primer gran cambio legislativo del gobierno del ultraderechista Javier Milei. La medida, según sectores del mundo socioambiental, profundiza el modelo extractivista y pone el crecimiento económico por sobre los frágiles ecosistemas andinos y la vida de las comunidades que los habitan y protegen.
La Ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, anunció recientemente la creación de un «Plan de Seguridad Productiva» para la protección de los intereses específicos de las empresas que operan principalmente en la zona petrolífera y gasífera de Vaca Muerta, así como en la región del altiplano andino mal llamada “triángulo del litio”, territorio donde abunda este mineral no metálico actualmente muy preciado para la industria energética mundial. El litio y otros minerales como sodio y potasio se encuentran contenidos en aguas y sales subterráneas que son parte de complejos ecosistemas de altura, como son salares, lagunas, vegas y bofedales, los cuales albergan especies endémicas de interés científico, y cumplen un rol fundamental para los modos de vida de comunidades indígenas y rurales que habitan en torno a ellos.
La medida, plasmada en la Resolución 499/2024 del Boletín Oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación (MSN), se enmarca en la aprobación de la Ley Bases y se presenta como una articulación con la política de incentivo económico para las empresas beneficiarias del Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (RIGI). Este plan crea la “Unidad de Seguridad Productiva” cuyo objetivo es resguardar a las empresas que se benefician de proyectos extractivos en zonas estratégicas como Vaca Muerta, una importante reserva de hidrocarburos en la Patagonia, o la Puna andina, desde donde se extrae litio y otros minerales. Para la abogada Verónica Gostissa, co-coordinadora del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL) e integrante de la Asamblea PUCARÁ (Pueblos Catamarca en Resistencia y Autodeterminación), “Lo que llama la atención es que se hable de un Plan de Seguridad Productiva, y lo que vemos es que está directamente relacionado con las zonas en las que hay extractivismo. Extraer y saquear no es producir. Argentina lleva más de 25 años con extracción de litio y no participa en la cadena productiva ni en la cadena de valor del litio, sólo participa en la primera y, como mucho, en la segunda etapa. En todas las etapas siguientes no tiene ningún rol, por lo cual hay una trampa a propósito del lenguaje que se utiliza para designar a esta Unidad de Seguridad Productiva”.
Por medio de esta iniciativa, el Estado argentino pone a disposición la Gendarmería Nacional, Policía Federal y Prefectura Naval para custodiar los intereses de las corporaciones en caso de que las comunidades locales, que principalmente corresponden a pueblos originarios, manifiesten oposición a dichos proyectos. Según el antropólogo Néstor Ruíz, parte de la Asamblea Juntos Podemos por un Ambiente Sano, Jujuy e integrante del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL), el anuncio de Bullrich “es una continuidad de la política implementada por el RIGI y tiene por finalidad asegurarle a los inversores extranjeros ciertas facilidades para moverse en territorio en disputa. Porque, por ejemplo, en comunidades indígenas transgrede el derecho de protesta, que es un derecho genérico que abarca toda la sociedad argentina, pero también vulnera los derechos constitucionales consagrados en la reforma de 1994, que otorga potestad a las comunidades indígenas sobre el territorio que ocupan. Y, en tercer lugar. transgrede el Convenio 169 de la OIT, que exige una consulta previa, libre e informada”.
“La intervención de las fuerzas de seguridad no es algo nuevo. A lo largo de todos estos años hubo episodios de criminalización, de persecución de las comunidades originarias, que son las que, de hecho, tienen un vínculo con los bienes comunes y que ancestralmente los protegen. Entonces lo que esto hace es agudizar, es profundizar la alianza entre lo local, lo nacional y lo internacional, para así controlar los territorios y favorecer a las empresas transnacionales”, agrega Gostissa.
Impactos de la Ley de Bases
El Plan de Seguridad Productiva se enmarca dentro de la llamada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que otorga, por un año, facultades extraordinarias al presidente para declarar emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética.
Esta ley también introduce el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que prevé beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante 30 años para proyectos que superen los US$200 millones. Además de privatizaciones y reformas laborales que buscan transformar el régimen laboral e incentivar el crecimiento del empleo formal privado, lo que podría dar ventajas a las grandes corporaciones, perjudicando a las pequeñas y medianas empresas argentinas, aumentando la precarización laboral.
En esta línea, la coordinadora de OPSAL en Argentina, subraya que “además, es interesante ver la conexión directa que (el Plan de Seguridad Productiva) tiene con el RIGI, pues se anuncia un día después de la votación de esta ley que prevé un régimen de 30 años, dedicado absolutamente a grandes proyectos extractivos y de saqueo, como minería, hidrocarburos y, en este caso, de litio; que va a dar una disposición efectiva de prioridad sobre el agua a las empresas y no a los pobladores; que establece incentivos para bajarles impuestos, para darles beneficios tributarios, beneficios cambiarios. O sea, está dirigido sólo a grandes empresas extractivas.
El anuncio de este plan ha generado preocupaciones sobre el impacto en las comunidades locales y el medio ambiente, particularmente en territorios indígenas asociados a acuíferos y salares altoandinos, cuyas aguas concentran sales que poseen litio y otros minerales de interés para la transición energética impulsado por el Norte Global. “Es una resolución para garantizar el saqueo, una forma de amenazar a las comunidades, de restringir derechos y garantizar todo el paquete a las empresas”, concluye la abogada.
Referencias:
http://www.saij.gob.ar/encuestas/GetInfoleg?id=400560