Posted by Este jueves el kirchnerismo planea reactivar el operativo clamor a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Será con un acto en Plaza Lavalle, frente a Tribunales con un lema que hace de título del documento que se leerá ante las y los asistentes: “Democracia o Mafia Judicial”. Tras un breve recorrido histórico sobre el rol de los sectores de poder y sus representaciones políticas y sociales, se hará resonar un reclamo: “La renuncia de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Las columnas de militantes están convocadas para las 16 horas en 9 de Julio y Avenida de Mayo. Y de ahí comenzará la movilización para el lado de la avenida Córdoba para ingresar a la plaza. El acto arrancará después de las 17 horas. Allí, se hará la lectura del documento consensuado en donde sostienen que “los grupos dominantes, incómodos y a regañadientes” atentan la democracia. Que, ante la conquista y ampliación de derechos, siempre respondieron con violencia -persecución política, proscripciones, fraude y golpes militares-. Pese a no tener otra salida más que aceptar al sistema democrático como forma de gobierno, señalan, a lo largo de la historia los sectores de poder lograron crear un “nuevo arsenal para limitar, restringir y -hasta si fuera preciso suspender su ejercicio”.
“Los poderes fácticos construyeron lo que se ha dado en llamar la guerra judicial contra la política”, sostienen y denuncian que en la última década ese es el modus operandi en toda la región de América Latina contra gobiernos nacionales, populares y democráticos, que promovieron la inclusión social y la independencia económica.
En el caso de Argentina, apuntan, la estrategia “fue rápidamente adoptada por un entramado entre el poder económico concentrado, los medios hegemónicos y las más altas jerarquías del poder judicial, que -de modo coordinado- se lanzaron a demoler las conquistas alcanzadas por nuestra sociedad”. El “Partido Judicial” es el que “asumió un papel preponderante”, vino -dicen, como más de una vez denunció la vicepresidenta en sus últimas ponencias- “a sustituir el rol que, durante décadas, tuvo el partido militar”.
“Los sectores del poder real se volcaron a colonizar el poder judicial para sujetarlo y manipularlo en favor de sus propios intereses. Investido de ese empoderamiento y de la impunidad que sus socios mediáticos le otorgan, no sólo construyeron un modelo de persecución, sino que, a la par, se fue desarrollando una estructura de lógica mafiosa que ha llevado a la justicia argentina a uno de sus momentos más degradantes“, describen.
Como ejemplos de las “inequidades y atropellos”, citan: fallos en desmedro de los derechos de los trabajadores, medidas cautelares en perjuicio de usuarios y consumidores, causas judiciales inventadas o amañadas, sentencias ajenas al derecho vigente, prisiones preventivas ilegales, presiones para obtener falsas confesiones de supuestos arrepentidos -que en algunos casos fueron generosamente retribuídas-, despliegue de un plan sistemático de espionaje ilegal sin antecedentes en la historia democrática de nuestro país, así como lo que denominaron “promiscua relación con grupos económicos, de quienes aceptan dádivas para emitir fallos judiciales a su favor en perjuicio de los intereses de la mayoría de la sociedad” y amenazas a abogados para obstruir el ejercicio del legítimo derecho de defensa.
“El punto más alto de esta deformación se alcanzó con la burda sentencia de proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y, lo que es peor aún, con la evidente y cómplice renuencia a profundizar la investigación sobre su intento de asesinato”, reclaman. Esta alterada división de poderes, alertan, pone en riesgo la convivencia democrática.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación “pretende imponerse, con sentencias facciosas y traficadas, sobre los poderes que emanan de la voluntad popular”, denuncian. El documento sostiene que el Poder Judicial ha repuesto leyes derogadas por el Parlamento, que se inmiscuyó -a través de acordadas- en causas judiciales que no llegaron a su conocimiento, por lo que de esta manera “alteró el régimen legal de coparticipación federal para favorecer a la fuerza política de su preferencia”.
“Todas decisiones en abierta contradicción con la Constitución Nacional”, advierten y agregan, en la misma línea el “asalto al Consejo de la Magistratura” lo que “no tiene otro objetivo que tratar de consolidar una ‘dictadura de los jueces'”.
“En esta etapa de nuestra historia, la contradicción principal en el campo institucional es entre DEMOCRACIA O MAFIA JUDICIAL, derivación de la contradicción mayor que se libra en la discusión por la distribución del ingreso“, dicen. Por eso, el reclamo contundente contra quienes ejercen los más altos cargos del Poder Judicial de la nación: “La renuncia de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la vez que exigimos que los jueces y camaristas involucrados en la banda de Lago Escondido sean inmediatamente removidos por el Consejo de la Magistratura”, exigen.
“También debe cesar de inmediato la persecución político judicial y la proscripción. Este nuevo dilema al que se enfrentan los sectores nacionales, populares y democráticos se dirime en las calles, con la participación de todos los ciudadanos exigiendo un Poder Judicial independiente, imparcial y transparente”, cierran.