Presidida por la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, a las 12.20 horas, arrancó la sesión con un temario acordado entre oficialismo y oposición, que incluyó la Ley de Alcohol Cero, la Ley Lucio, el Fortalecimiento de la Justicia de Santa Fe y el Certificado Único de Discapacidad.
Al comenzar la jornada, se dio entrada a pedidos de acuerdo para cargos diplomáticos, judiciales y la designación de la Directora General de la Agencia Federal de Inteligencia.
PLIEGOS JUDICIALES
El primer tema en ser tratado fueron seis pliegos judiciales correspondientes a las provincias de Santa Fe y Córdoba, los cuales fueron aprobados por unanimidad, con 63 votos.
Se trata de las designaciones a Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Rosario, provincia de Santa Fe, al doctor Gastón Alberto Salmain; Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Rosario, provincia de Santa Fe, a la doctora Elena Beatriz Dilario; Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Rosario, provincia de Santa Fe, al doctor Eduardo Daniel Rodrigues Da Cruz y Conjuez de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba y Conjueces de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. También los nombramientos como Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Francisco, provincia de Córdoba, al doctor Pablo Gustavo Montesi; y Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, Defensoría N° 2, a la doctora Ana María Blanco.
La senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana), informó que “este bloque tiene la voluntad de seguir trabajando para llegar a un consenso y acuerdo para traer al recinto a las decenas de pliegos que quedan con dictamen en la Comisión de Acuerdos”.
Luego, el senador por Jujuy, Guillermo Snopek (Unidad Federal) resumió: “creemos que este Senado viene dando el trabajo necesario, las discusiones, y vamos a buscar todos los mecanismos de resorte para cubrir las vacantes y los tratamientos que ya dio el Consejo de la Magistratura”.
En tanto, la senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri (Frente Pro), señaló que estos jueces “el diez de septiembre en Rosario podrían haber estado trabajando”. “Porque estamos convencidos y lo venimos pidiendo desde el día diez de septiembre, es que vamos a aprobar estos pliegos”, añadió.
LEY LUCIO
En segundo lugar, el recinto trató y convirtió en ley por unanimidad (65 votos), el proyecto venido en revisión, impulsado tras el caso de Lucio Dupuy por el que se crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Durante el debate, el senador por La Pampa, Daniel Bensusán (Frente Nacional y Popular), destacó que “estamos seguros de la importancia de legislar sobre estos temas para evitar hechos como el que ocurrió”. “Espero que esta iniciativa, que hoy seguramente vamos a convertir en ley, sea una herramienta que fortalezca los canales institucionales de asistencia y de denuncia para garantizar una intervención inmediata para tratar de que cese cualquier vulneración, cualquier violación a los derechos que sufran los niños, niñas y adolescencias de nuestro país”, continuó.
“Esperamos también que rápidamente cada una de nuestras provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhieran a esta ley para hacerla operativa lo más rápido posible en cada rincón de nuestro país”, concluyó.
A continuación, la senadora por Santa Cruz, Belén Tapia (UCR) enfatizó que “hoy estamos dando tratamiento a este proyecto que lo vamos a convertir en ley porque no queremos que haya más Lucios a lo largo y ancho de nuestro país, pero sabemos que, si bien es un gran paso para eliminar la violencia y el maltrato al que son sometidos muchos de nuestras niñas, niños y adolescentes, es insuficiente”.
En ese sentido, consideró que “estamos dando un paso importante, no suficiente: me parece que estemos todos juntos de este lado, todos del otro, es una muestra de que tenemos que seguir legislando, y que lo veníamos haciendo como dije antes, mucho antes de que este caso nos conmueva al país completo”.
Al momento de los cierres, la senadora por San Luis, María Eugenia Catalfamo (Unidad Federal) pidió “disculpas a los familiares presentes, esta ley debería haber salido hace quince días. Es fundamental pensar en programas inclusivos que brinden calidad de vida a nuestro niños, niñas y adolescentes”.
En concordancia, la senadora por La Rioja, María Clara Vega (Hay Futuro Argentina) sumó que “debemos cumplir con una agenda social que la ciudadanía nos pide hace meses”, y brindó su apoyo al proyecto.
A su turno, el senador por La Pampa, Daniel Kroneberger (Juntos por el Cambio) calificó de “trascendental” y “un paso central” la aprobación de esta Ley, “porque viene a visibilizar y proteger a los niños, niñas y adolescentes”.
Antes de la votación, la senadora por Mendoza, Anabel Fernández (Unidad Ciudadana), sostuvo que “esta Ley llega tarde porque Lucio y miles de niños, niñas y adolescentes fueron y son víctimas de maltratos y abusos, por eso es importante que esta medida se aplique rápido y bien”.
El proyecto establece nuevas herramientas que refuerzan la Ley 26.061 de “Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”: capacitación obligatoria para los agentes del Estado que trabajan en relación a la niñez; reserva de identidad; y campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales.
LENGUA DE SEÑAS ARGENTINA (LSA)
Se aprobó por unanimidad (63 votos) y convirtió en ley, el proyecto que tiene como objetivo principal reconocer la Lengua de Señas Argentina como lengua natural y patrimonio lingüístico y cultural de la comunidad conformada por personas sordas e hipoacúsicas en el ámbito territorial de la República Argentina.
La senadora por Santa Cruz, María Belén Tapia (Juntos por el Cambio), inició el debate como miembro informante y aseguró que “esta ley representa un hito en el complejo proceso de ampliación de derechos de esta comunidad”, sostuvo.
Por su parte y, en la misma sintonía, la senadora de San Juan, Cristina López Valverde (Frente Nacional y Popular), destacó que “estamos cumpliendo con una deuda desde hace 15 años y trabajando sobre este derecho humano, esencial y sustantivo como lo es la comunicación”.
CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD
La iniciativa que busca agilizar la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) fue aprobada y convertida en Ley por unanimidad (61 votos).
El proyecto implica que el CUD “establecido en la legislación vigente o la que en un futuro la reemplace, sus modificatorias y complementarias, se expedirá con o sin fecha de vencimiento”.
Para que se cumpla la actualización de los datos, el trámite estará a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) “conforme la concepción dinámica de la discapacidad dispuesta por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
La senadora por La Rioja, María Clara del Valle Vega (Hay Futuro Argentina), al iniciar el cierre, sostuvo que “este proyecto hace que todo sea un poco más igualitario y le saca ese peso burocrático que se les ha puesto por años a las personas con discapacidad”.
Y, para finalizar, el senador de Chubut Carlos Linares (Unidad Ciudadana), dijo que “este certificado es un alivio, un paliativo, pero el dolor de la discapacidad es mucho más y este no debe ser un debate que quede acá”.
PROMOCION DE LA FORMACION Y DESARROLLO DE LA ENFERMERÍA
Fue sancionado por unanimidad (61 votos), el proyecto de ley venido en revisión, por el que se establecen los mecanismos necesarios para la “Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería”.
El senador por Tucumán, Pablo Yedlin (Frente Nacional y Popular), como miembro informante, resaltó que “hoy es un día muy importante para el sistema de salud argentino porque reconocemos a la enfermería y jerarquizamos a los profesionales generando una ley concreta que genera ayudas concretas para tener más y mejores enfermeros y enfermeras”.
ELIMINACIÓN “FE DE VIDA” PARA LOS JUBILADOS
Se votó por unanimidad (61 votos) y obtuvo media sanción, el proyecto que busca eliminar el trámite de actualización de “Fe de Vida” que deben presentar jubilados y pensionados que integran el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) para el cobro de sus haberes mensuales.
CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS
Por unanimidad (58 votos) se aprobó y convirtió en Ley, el proyecto que tiene por objeto que “las personas con cardiopatías congénitas tienen derecho a todas las instancias de detección y tratamiento correspondientes en cada etapa vital”.
Entre otros puntos, el proyecto crea un Consejo Asesor de Cardiopatías Congénitas, que será de carácter honorario y estará conformado por representantes del Ministerio de Salud de la Nación, asociaciones de familiares de pacientes con cardiopatías congénitas y sociedades científicas que aborden esta temática.
IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Por unanimidad, (53 votos afirmativos) se aprobó con cambios y volvió a Diputados el proyecto que modifica el artículo 27 de la Ley de Impuesto a las Ganancias para exenciones a los trabajadores de salud tanto en centros de salud públicos como privados.
La redacción que ahora debe aprobar o rechazar Diputados consiste en eximir a todas las guardias que se efectúen, incluso las horas extras, en todo el territorio nacional, ya sean activas o pasivas, obligatorias y en servicios de salud públicos y privados.
ALCOHOL CERO
La iniciativa que prohíbe la conducción de vehículos a personas que tengan una graduación de alcohol en sangre superior a cero fue aprobada por 48 votos positivos y 9 negativos.
El inicio de los cierres de bloque estuvo a cargo de la senadora por La Rioja, María Clara Vega (Hay Futuro Argentina), quien se dirigió a los familiares de víctimas de alcohol al volante al expresar que “estamos con ellos y seguiremos trabajando por la concientización, adelanto mi voto positivo”.
El senador por Salta, Juan Carlos Romero (Cambio Federal), reflexionó que “nuestra misión es encontrar el camino para que no existan nuevas víctimas y no conformarnos con aprobar una ley que no es garantía de la reducción de las muertes ni de resolver este problema”.
A su turno, el senador por Jujuy, Guillermo Snopek (Unidad Federal) sostuvo que “no quiero que esta ley, por la premura, los apuros y la falta de debate o de planteos claros deje en desamparo a las víctimas”, y luego solicitó una modificación al miembro informante respecto de la cobertura por parte de las aseguradoras.
“Llegamos a aprobar esta ley porque el Estado ha desertado de sus responsabilidades y no da respuestas. Adelanto mi voto positivo de este proyecto como medida ejemplificadora y no de las soluciones de fondo”, aclaró el senador por Formosa, Luis Naidenoff (UCR).
Por último, la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana), destacó que “hoy estamos tratando un proyecto con un altísimo nivel de consensos que ha atravesado a todos los partidos políticos y no puedo aceptar en silencio que esta ley es demagógica cuando, quienes dicen eso, han construido su carrera política con demagogia punitiva”.
FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA PROVINCIA DE SANTA FE
Por unanimidad, (48 votos positivos) se convirtió en Ley el proyecto destinado a fortalecer el Sistema de Justicia Penal Federal de la provincia de Santa Fe a los efectos de la implementación del Código Procesal Penal Federal, Ley Nº 27.063 sus normas modificatorias y complementarias.
La iniciativa, venida en revisión y con media sanción de Diputados obtenida el pasado 28 de marzo, contempla fortalecer la Justicia Penal provincial con mejores herramientas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
El senador por Formosa, José Mayans (Frente Nacional y Popular), explicó que esto “es un tema altamente complejo porque no depende solamente de la Justicia, jueces y policías. Reclama un trabajo integral y lo que nosotros hicimos, con el parte de Justicia 2020, es tener un aporte federal. Solo para la provincia de Santa Fe estamos tratando más de 50 cargos”.
Y también advirtió que “nosotros vamos a hacer esta ley pero va a llevar un proceso largo instrumentarlo, mínimo 4 años. Acá hay una crisis del Poder Judicial que afecta al sistema republicano de Gobierno”.
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