El Frente de Todos (FdT) consiguió este martes emitir dictamen favorable en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados para un proyecto de ley oficialista que busca reformar la ley de estatización de Aerolíneas Argentinas, con el fin de prohibir la transferencia de acciones de la línea área sin la autorización de los dos tercios de los miembros de la Cámara baja y del Senado.
La reunión del grupo parlamentario se realizó sin la presencia de Juntos por el Cambio, que se retiró del encuentro antes de que expusiera el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aerolíneas Argentinas, Carlos Figueroa.
La propuesta, presentada por Máximo Kirchner, busca modificar el artículo 1° sobre la prohibición de la transferencia de las acciones declaradas de utilidad pública -en este caso, Aerolíneas Argentinas- y sujeta a expropiación sin la aprobación del voto de las dos terceras partes del total del Congreso.
“Hoy nos encontramos frente a discursos irresponsables, alejados de la mirada estratégica que debe tener la construcción de un país para todos y todas. Se pretende volver a cero el esfuerzo que tanto le ha costado al pueblo argentino para reconstruir las empresas públicas luego de la estafa de las privatizaciones”, indica el autor en los fundamentos del proyecto.
En otro tramo de los fundamentos, el diputado por la provincia de Buenos Aires sostuvo: “Entre 2010 y 2015 se redujo el déficit año tras año y la empresa terminó con un déficit de 200 millones de dólares. Entre 2018 y 2019, los dos últimos años del gobierno de Mauricio Macri, el resultado fue de 552 millones y 667 millones de dólares de déficit respectivamente. En 2020, aún en plena pandemia y crisis de todas las compañías aéreas a nivel global, se redujo a 654 millones de dólares y en 2021 se cerró con 438 millones de dólares de déficit”.
En contrapartida, el diputado apuntó que “si Aerolíneas no existiera, el tesoro perdería 36.000 millones de pesos de recaudación de impuestos. Y este año es mayor la diferencia: el tesoro giró 6.000 millones de pesos y Aerolíneas transfirió 82.000 millones de pesos”.
Blindaje de Aerolíneas: debate en comisión
Este martes se discutió en la Comisión de Legislación General, presidida por el diputado nacional salteño Lucas Godoy e integrada por 31 legisladores,
En ese marco, Carlos Figueroa -Director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aerolíneas Argentinas– se presentó en la comisión y declaró que la compañía “representa una herramienta estratégica para el desarrollo nacional y está al servicio de los intereses de los argentinos; a la fecha está operando en 39 aeropuertos”.
“Lo virtuoso de la inversión del Estado es que el impacto en la economía de 2022 fue positivo y representó 6 mil millones de dólares. Además generó más de 100 mil puestos de trabajo”, explicó el funcionario y detalló que “la red de rutas internacionales es un motor fundamental para el turismo receptivo; de toda la capacidad logística que tiene la empresa, una porción muy importante está abocada a este tipo de turismo”.
Por su parte, la diputada nacional Carolina Gaillard (Frente de Todos) consideró que “en nuestro país no puede estar en peligro nuestra línea aérea de bandera. Nos dejaron una empresa desguazada que hoy se ha recuperado, por eso es fundamental darle esta protección”.
Su compañera de bancada, la fueguina Carolina Yutrovic, manifestó que “este proyecto está dando una discusión política; para nosotros Aerolíneas Argentinas no sólo significa conectividad, la posibilidad del comercio, sino también soberanía”.
A través de la rúbrica de doce diputados de un documento titulado “Buscan convertir a la empresa en la guarida del kirchnerismo“, el principal bloque opositor expresó que “el kirchnerismo transformó a la aerolínea de bandera en una de sus principales cajas y ahora que el ciclo político del oficialismo está terminado busca garantizarse una guarida en la cual refugiarse“.
En contraposición a los datos presentados por el oficialismo, el comunicado de Juntos por el Cambio apunta a que “se agrandó el déficit de Aerolíneas Argentinas” y consideran que el proyecto “es inconstitucional e insanablemente nulo porque sólo nuestra Carta Magna puede establecer el tipo de mayorías agravadas que exige cada ley”.
Para concluir, entienden que la iniciativa “parece una simple jugada política para condicionar al próximo Gobierno” y que representa “una nueva afrenta al sistema republicano, un paso más en dirección contraria a la normalidad institucional”.
En tanto, la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, que comanda el diputado kirchnerista Carlos Heller, analizará a partir del jueves la ley del Ejecutivo sobre blanqueo de capitales, dirigido a personas físicas, sucesiones indivisas y empresas. La iniciativa prevé para quienes se acojan al régimen alícuotas de pago de un impuesto especial de entre 5% y 20%.
La iniciativa, titulada “Exteriorización del ahorro argentino” se enmarca en el acuerdo entre el ministro de Economía, Sergio Massa, el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, y el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, sobre intercambio de información financiera.
Castagneto será uno de los expositores este jueves junto a la Subsecretaria de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, Claudia Balestrini; y el director general de Aduana de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Guillermo Michel.
En la ley se excluyen a sujetos declarados en estado de quiebra sin posibilidad de continuar con la explotación, como así también a los condenados por delitos frente a incumplimientos tributarios, en la medida que exista sentencia firme y que la condena no estuviera cumplida. Además, entre los bienes comprendidos estarán la tenencia de moneda nacional y/o extranjera en el país y/o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país y/o en el exterior (se incluyen créditos).
¿Qué pasará con la ley de alquileres?
Tras las elecciones Primarias, la polémica Ley de Alquileres N°27.551 sigue en el ojo de la tormenta debido a las fuertes subas de precios de departamentos y la falta de oferta que existe. Previo a los comicios, el Congreso había convocado a una sesión para debatir la reforma o derogación el próximo 23 de agosto, la cual fue ratificada el jueves pasado.
Durante un nuevo encuentro que mantuvieron por Zoom, los jefes de bloque de Juntos por el Cambio (JxC) y del interbloque Provincias Unidas ratificaron la decisión de sostener la sesión convocada para el próximo miércoles 23 de agosto en la Cámara de Diputados y acordaron redactar cambios al texto del dictamen de minoría, con la intención de conformar a todos los sectores y poder avanzar en una media sanción para reformar la Ley de Alquileres.
Sin embargo, el foco está puesto en el quórum necesario para abrir la sesión del 23 de agosto. Para ello se necesitan 129 legisladores presentes. Si bien para la oposición “se debería llegar fácil”, nadie tiene mayoría asegurada en la Cámara baja y hasta un resfrío podría incidir en el número. Aunque consideran que no sería tan ajustado si también concurren los tres legisladores de La Libertad Avanza, ya que Javier Milei acompañó el pedido de sesión con su firma.
Previo a las elecciones, cuándo se convocó a la sesión de para el 23 de agosto, la oposición proponía que los contratos vuelvan a ser de dos años y que los ajustes sean semestrales mediante “acuerdo entre las partes“, lo que sería una vuelta al pasado, previo a la legislación vigente.
La Ley N°27.551 sancionada en 2020 estableció contratos de tres años con ajustes anuales en base a un promedio entre el índice de variación salarial y de inflación, algo que hoy perjudica más a los propietarios e inmobiliarias que a los inquilinos.
Semanas atrás el ex diputado Daniel Lipovetzky, explicó a Ámbito que la ley se impulsó debido a un reclamo de los inquilinos, ya que anteriormente a que existiera esta legislación, “al precio pactado, se le imponía aumentos por encima de la inflación“.
Ahora bien, el dictamen de minoría para que el contrato sea de dos años y los ajustes semestrales, se realizó previo a la salida de Sergio Massa de la presidencia de la Cámara de Diputados, por lo cual desde la oposición señalan que quedó “viejo” debido al contexto económico actual y apuntan a corregir este dictamen, de acuerdo a la coyuntura.
Si bien Hernán Lombardi de JxC planteó la derogación de la ley en la última sesión que se realizó en la Cámara baja, actualmente derogar la ley sería prácticamente imposible, ya que esta iniciativa no tiene dictamen, por lo cual la oposición necesita dos tercios del recinto para ponerlo a debate y votarlo, y los votos para ello no están.
La oposición en todo su conjunto, incluido el bloque de libertarios tomó el compromiso de sesionar el 23 de agosto y debatir la polémica Ley de Alquileres y quieren cumplirlo. Pero las dudas comienzan a surgir respecto del resultado final que tendría ese debate y el posible impacto en la campaña electoral de cara al 22 de octubre.
El dictamen de mayoría, que fue el del oficialismo, no plantea modificaciones en la legislación vigente respecto de la duración del contrato o el término de los ajustes, sino que propone beneficios fiscales para incentivar la oferta de inmuebles.
La iniciativa del oficialismo, va en línea con lo que planteó el jueves el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria Sergio Massa sobre la problemática de alquileres en diálogo con Crónica TV, respecto de que los reclamos que más aparecen en los focus group tienen que ver con la escalada en los nuevos contratos y la casi ausencia de ofertas.
La oposición cree que este dictamen sería vetado en el recinto y se votaría el suyo. Aunque el miedo de algunos diputados es que en este contexto su dictamen tampoco sea superador para dar respuesta al problema de los alquileres y que La Libertad Avanza, que seguramente vete ambas iniciativas, salga beneficiada de cara a octubre.